Ha recordado, no obstante, que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones si considera que su actividad «vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España», han informado fuentes de Asuntos Exteriores.
Los decretos que han sido aprobados con Margarita Robles como responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones -antes del nombramiento de Arancha González Laya como titular del mismo- habían sido impugnados el pasado julio por el equipo liderado por el entonces ministro, Josep Borrell.
La apertura de estas tres delegaciones de la Generalitat en el exterior había sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado noviembre a petición del Gobierno, que impugnó los decretos por considerar que su objetivo auténtico era promover fuera de España las tesis del independentismo catalán.
Pese a considerarlo como el «peor ataque que se ha producido contra el autogobierno de Cataluña desde la aplicación del 155», la Generalitat optó por redactar de nuevo los decretos, incorporando las sugerencias realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que dichas oficinas suponían unas «interferencias en la política exterior del Estado» español.
Ahora, el Govern ha aprobado nuevos decretos leyes reguladores de las delegaciones exteriores en Argentina, México y Túnez en los que se han «actualizado las funciones de cada delegación» y se «consolida» de esta forma su «red de representación en el exterior», explicó.
La decisión de la Generalitat de derogar los decretos de creación de estas tres delegaciones para redactarlos de nuevo, incorporando las modificaciones y aclaraciones solicitadas por Exteriores, ha dejado sin objeto el recurso que planteó el Gobierno, han precisado las fuentes.
En esta ocasión, el Govern ha presentado los proyectos de creación ante el ministerio, un trámite perceptivo pero no vinculante, y que la Generalitat había incumplido anteriormente.
Tras estudiar los textos propuestos, Asuntos Exteriores propuso una serie de correcciones que la Generalitat aceptó e incorporó a los nuevos decretos aprobados, «de modo que el Gobierno no tiene objeciones respecto a la literalidad de los mismos».
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