Odebrecht empezará a definir su delicada situación financiera a partir del próximo 29 de enero, cuando está programada, tras varios aplazamientos, la Asamblea de Acreedores para decidir sobre el plan de reestructuración.
El conglomerado solicitó en junio pasado el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil con una deuda de casi 100.000 millones de reales (23.900 millones de dólares), de los que está renegociando aproximadamente la mitad, forzado por los múltiples escándalos de corrupción, que le cerraron las puertas del mercado de financiación.
En paralelo, continúan las negociaciones con países en los que está presente para firmar acuerdos en los que confiesa el pago de sobornos, aporta pruebas y paga multas millonarias.
Ya lo ha hecho en Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Panamá, Ecuador -aunque solo en la esfera penal, aún falta la civil-, Perú y Guatemala.
Lo busca en México, Colombia, Venezuela y Argentina, pero la dificultad es doble pues en ocasiones no existe el marco legal necesario y en otras el diálogo con los gobiernos es difícil.
Las negociaciones con sus mayores prestamistas, entre los que se encuentran los principales bancos estatales (BNDES, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal) y privados del país (Itaú, Bradesco y Santander), continúan con vistas a presentar un plan de “recuperación judicial” satisfactorio.
La primera versión fue rechazada -Caixa Económica pidió incluso a la Justicia la quiebra del conglom Odebrecht -conglomerado de negocios que incluyen ingeniería, construcción, químicos y petroquímicos- confía en que el plan sea aprobado durante el primer trimestre de este año, según fuentes próximas al asunto.
El visto bueno de los acreedores es vital para la supervivencia del grupo controlado por Kieppe, holding propiedad de la familia Odebrecht.
Uno de los puntos calientes de las negociaciones es la petroquímica Braskem, un importante activo del grupo que tiene a la petrolera estatal Petrobras como socio y cuya futura venta está siendo motivo de disputa.
Petrobras desea vender cuanto antes su participación del 36 % del capital, lo que podría dificultar las negociaciones de Odebrecht con los acreedores, que prefiere esperar a que la firma se revalorice.
En medio de esas complejas negociaciones, Odebrecht dio un golpe de timón en diciembre al cambiar a su presidente.
Ruy Sampaio sustituyó a Luciano Guidolin. El movimiento fue interpretado como un intento de cortar la influencia del otrora presidente Marcelo Odebrecht, condenado por corrupción, hoy en régimen semiabierto tras dos años y medio de cárcel y recientemente despedido de la empresa fundada en 1944 por su abuelo Norberto.
Poco después de ese cambio en la dirección del grupo, se filtraron a la prensa unos correos electrónicos enviados por Marcelo a ejecutivos de Odebrecht en los que acusa a su padre, Emilio, patriarca del grupo, de llevar al grupo a la quiebra.
Al día siguiente, 20 de diciembre, Sampaio acusó a Marcelo en el diario Valor Económico de chantajear a la empresa en busca de “dinero y poder”.
Horas después, Odebrecht anunció el despido de Marcelo, quien estaba en nómina con un salario mensual de unos 115.000 reales (27.500 dólares), según la prensa local, pese a que había sido apartado de sus funciones ejecutivas tras su prisión en 2015.
El Consejo de Administración, en el que Emilio aún tiene capacidad de influencia a pesar de no formar parte de él, acogió así la recomendación de despido efectuada por las autoridades de Brasil y Estados Unidos, que fiscalizan de cerca el cumplimiento del acuerdo de colaboración firmado.
Asimismo, el Comité de Ética del órgano abrió a Marcelo una investigación interna, aún en curso, para averiguar posibles irregularidades.
Odebrecht no comenta nada sobre este asunto y está centrado en remontar el vuelo tras los escándalos de corrupción que ha protagonizado en el continente americano.
La construcción seguirá siendo el principal pilar del grupo, que, una vez aprobado el concurso de acreedores, pasará a ejecutar su plan basado en la venta de activos y una fuerte reducción de su estructura.
La división de infraestructuras, ahora llamada OEC (Odebrecht Engenharia & Construçao), ya consiguió 500 millones de dólares en nuevos proyectos en 2019.
Para este año espera facturar 1.200 millones de dólares con el objetivo de recuperar en 2028 el esplendor previo al escándalo de la “Lava Jato”
Estrella Digital