Cuentan con infraestructura precaria o falta de equipamiento. Según consultora, incluir a no asegurados al SIS demandaría S/800 mlls. al año.
Según el Latinobarómetro 2018, encuesta latinoamericana que mide variables económicas y sociales, la salud es el cuarto problema personal más importante para los peruanos después de la economía, la delincuencia y la violencia. El reciente nombramiento del 2020 como el Año de la Universalización de la Salud ha mostrado el interés del Estado en abordar el problema.
La medida fue impulsada tras la publicación, a finales de noviembre, del Decreto de Urgencia N° 017-2019, que establece disposiciones para efectuar la cobertura universal en salud. Según el documento, todo peruano sin seguro será afiliado durante este 2020 al Seguro Integral de Salud (SIS).
Las normas garantizan, en teoría, la atención, pero ¿qué tan factible será alcanzar el objetivo? Si bien para este año el presupuesto en salud bordea los S/18,4 mil millones, la cifra más alta del último quinquenio, existe una brecha significativa de cobertura. Actualmente 4 millones de peruanos carecen de seguro [ver infografía].
Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores, señala que el aseguramiento universal es viable, pero debe ser un proceso que tome trabajo y cuente con una hoja de ruta que sea seguida por las futuras autoridades que tenga el sector.
Uno de los principales retos del proceso es el financiamiento. Pese a que para el 2020 el presupuesto del SIS llega a S/1.894 millones (7,3% más que en el 2019), la especialista estima que se necesitarán unos S/800 millones adicionales cada año (que equivale al 4% del presupuesto total) solo para cubrir los medicamentos y los insumos médicos de los nuevos asegurados.
La falta de cobertura, tanto en el sector público como privado, ocasiona que las familias paguen el tratamiento de enfermedades utilizando sus propios recursos. Esta inversión representa el 28% de lo que se gasta en salud en el país. Según el Banco Mundial, los niveles por encima del 20% ponen en riesgo la estabilidad financiera de los pacientes.
En la actualidad la infraestructura indispensable para garantizar el aseguramiento universal no se encuentra en estado óptimo. Según el Ministerio de Salud (Minsa), 4.645 locales públicos del primer nivel de atención (postas y centros de salud del Minsa, Essalud y las Fuerzas Armadas) presentan locales precarios o equipamiento obsoleto e insuficiente. Esta cifra representa el 55% del total de los establecimientos.
Miguel Andrés Jaramillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad, considera que a futuro la atención debe realizarse a través de redes integradas con un enfoque territorial y en las que cada ciudadano, sin importar el seguro con que cuente, tenga acceso a cualquier establecimiento, especialmente a los de primer nivel.
“La idea es fortalecer el primer nivel de atención para descongestionar los hospitales. Lo que busca una red integrada es operar un esquema en el que hay diferentes prestadores y que, sin importar a qué seguro pertenezcas, puedas atenderte. Para funcionar en red necesitas una adecuada interconectividad de ambos sistemas, es decir, crear un solo ‘idioma’ con tarifas y costos estándares, así como un adecuado intercambio prestacional. Ambos aspectos ya han sido normados y solo falta ponerlos en práctica”, explica.
Seinfeld coincide en que el sistema debe pasar por un cambio centrado en el ciudadano. Añade que las redes integradas deben incluir al sector público y al privado.
“Hasta ahora hablamos de redes integradas solo en el Minsa y los gobiernos regionales. El intercambio prestacional con Essalud no funciona porque la oferta de servicios está sujeta al excedente de cada institución”, precisa.
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