Al menos 40 periodistas han sido asesinados en Honduras por hacer su trabajo, de acuerdo con el último informe del Instituto Internacional de Prensa.
Esta cifra convierte a Honduras en el segundo país más letal para un reportero, y más peligroso que algunas zonas de guerra, reseña Europa Press. Para la agencia de noticias española, esto convierte a Honduras en «uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser periodista».
Los asesinatos ocurridos en la última década, según el IPI, son el resultado de una combinación mortal: narcotráfico, autoritarismo, debilidad institucional y corrupción endémica. «Los periodistas que investigan o informan críticamente sobre cualquier problema se enfrentan habitualmente a la amenaza de ataques, de muerte y asesinatos», dice la agencia.
2019
En 2019, a cuatro periodistas hondureños los mataron -probablemente- por hacer su trabajo. En marzo, el periodista y presentador Leonardo Gabriel Hernández, crítico del alcalde y miembros regionales del Congreso, fue muerto a tiros en Nacaome.
El periodista televisivo Edgar Joel Aguilar murió a tiros dentro de una barbería en Copán en agosto. Tres meses después el presentador de radio Buenaventura Calderón, crítico del gobierno, fue ultimado a tiros frente a su casa.
El 25 de noviembre el periodista de televisión José Arita falleció a tiros poco después de abandonar su oficina del Canal 12. El portavoz de seguridad, Jair Meza Barahona, interpretó que el homicidio probablemente estaba relacionado con su labor como periodista.
Impunidad
Amada Ponce, del grupo hondureño de libertad de prensa y derechos C-Libre, denunció que el país centroamericano tiene una tasa de impunidad por el asesinato de periodistas de 92%, una de las peores del hemisferio occidental.
82 periodistas asesinados ha habido desde 2001, según cifras del IPI y del grupo de derechos C-Libre. Sin embargo, solo siete casos han sido resueltos por las autoridades, indicó Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras.
«No hay investigaciones de estos casos, o se llevan a cabo investigaciones y no hay resultados. Incluso, cuando los sospechosos han sido encarcelados, a menudo son los desencadenantes, en lugar de los que ordenaron los asesinatos», dijo a Europa Press.
Represión
El IPI acusó al gobierno de Juan Orlando Hernández de aprobar y modificar una serie de leyes que otorgan a las autoridades la capacidad de silenciar a periodistas críticos. En 2017, el Congreso modificó por primera vez el código penal para castigar a los periodistas declarados culpables de un delito vagamente definido como «disculpa, glorificación, (o) justificación del terrorismo», con penas de prisión de hasta ocho años.
Un año después, el gobierno presentó una propuesta de Ley Nacional de Ciberseguridad, la cual estaba destinada a regular los «actos de odio y discriminación» en Internet. De acuerdo con la agencia de noticias, esta normativa tenía como fin censurar en la red el contenido considerado ofensivo contra las autoridades.
Difamación
Mientras tanto, los casos de difamación criminal también se han utilizado para silenciar a periodistas. En 2014, por ejemplo, el conocido periodista de Globo TV Julio Ernesto Alvarado fue declarado culpable de difamación criminal y se le prohibió informar durante 16 meses. Dos años más tarde, Ariel Armando D’Vicente, anfitrión del canal de televisión Libertad 21, recibió una sentencia de tres años de prisión por el mismo delito.
En marzo de 2019, la policía allanó la oficina de Radio Globo y Globo TV en Tegucigalpa y arrestó al director de la estación, David Romero Ellner, por un caso de difamación que un ex fiscal presentó en su contra. Actualmente, cumple una condena de 10 años de prisión. Se trata de una condena descrita por C-Libre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una campaña impulsada políticamente por el gobierno.
Con una tasa tan alta de muertes violentas, en los últimos años algunos periodistas han huido del país para salvar sus vidas. Para aquellos que se quedan, el clima de miedo ha llevado a la autocensura. Muchos de los periódicos más grandes del país, como La Tribuna, El Heraldo y El Tiempo, han atenuado sus críticas durante mucho tiempo y rara vez se alejan de la línea del gobierno.
Estrella Digital