La solicitud de arbitraje de Odebrecht, recibida este martes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exige a Perú la millonaria indemnización porque, según la empresa, «violó sus obligaciones» fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente entre Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.
El Gasoducto Sur Peruano (GSP), el mayor proyecto de masificación de gas natural en el país, contempla la implementación de 1.000 kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva sureña del Cusco, hasta la costa del Pacífico.
El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de 7.000 millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht y la española Enagás, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.
Sin embargo, a fines de enero de 2017 el Estado peruano canceló el contrato que mantenía con el consorcio liderado por Odebrecht y le impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que no logró la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción continental conocido como Lava Jato.
En 2019, la empresa brasileña reconoció «pagos ilícitos» para adjudicarse el proyecto GSP, según reveló entonces el coordinador fiscal del Equipo Especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela.
Como parte de un acuerdo con la Fiscalía peruana tras reconocer sus sobornos, Odebrecht se comprometió en febrero del año pasado a pagar una reparación civil de 610 millones de soles (unos 184 millones de dólares), más los intereses legales, en cuotas anuales durante 15 años.
Ante el CIADI, la empresa brasileña ha señalado que Perú «canceló de manera arbitraria» el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y que adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan sus derechos, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
La demanda, interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, también señala que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.
Sin embargo, el MEF reiteró este miércoles que el Estado peruano «dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado».
Agregó que otras medidas que adoptó, y que son ahora demanda de Odebrecht ante el tribunal internacional, están relacionadas con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero de 2017.
«El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias», enfatizó el ministerio.
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