El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo hoy que la demanda presentada por Odebrecht contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) no tiene sentido.
Según explicó, la empresa brasileña reconoció frente al equipo especial, a través de un acta, su culpabilidad en el caso del proyecto Gasoducto del Sur, en torno al cual ahora ha presentado su demanda ante el Ciadi.
«No tiene ningún sentido, tratamos sobre documentos y sobre lo que existe. Así se lo hemos hecho saber a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht, sino también de Graña y Montero y de los hermanos José y Hernando Graña», dijo Vela.
Refirió que, tras conocer la demanda, han solicitado a la constructora brasileña que esclarezca el contenido del acta de culpabilidad suscrita, pero a la fecha no han tenido respuesta; no obstante, esta podría llegar hoy o mañana.
El fiscal indicó que la relación con Odebrecht «es difícil, no es de confianza», y hay muchas tensiones dentro del desarrollo del proceso de colaboración.
En julio del 2019, el Ministerio Público dio cuenta de que la constructora brasileña Odebrecht firmó un acta en la cual reconoce pagos ilícitos en el proyecto del Gasoducto del Sur.
Respecto a la demanda ante el Ciadi, el Ministerio de Economía informó que el Estado peruano es respetuoso de sus compromisos contractuales e internacionales, y ejercerá su derecho de defensa.
Odebrecht exige más de 1,200 millones de dólares de indemnización, argumentando que Perú violó las obligaciones que tenía en el marco del convenio entre Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto.
Argumenta que el 24 de enero del 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.
El Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas.
Para el fiscal Vela, la demanda genera una turbulencia innecesaria y les da argumento de crítica a quienes deben enfrentar en la litigación y contra los que se usará la información que están consiguiendo y procesando.
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