El Gobierno de Martín Vizcarra se planteó una meta de 80 % de ejecución del presupuesto nacional del año pasado, pero solo los ministerios se acercaron a ella, con un 77 %, mientras que los gobiernos regionales utilizaron el 59 % y los municipios el 62 %.
Debido a este panorama, el Ministerio de Economía se planteó incrementar la inversión pública desde el primer trimestre de 2020 con el objetivo de alcanzar un incremento de 77 %, que se traduzca en una inversión de 3.119 millones de soles (933 millones de dólares) en ese periodo inicial.
«Hay una gran deuda que tenemos como autoridades con la ciudadanía. Hay que construir y es necesario trabajar una nueva metodología. Destrabar y dinamizar la inversión pública», expresó Vizcarra en enero último.
El incremento de la inversión pública es la gran esperanza del gobierno peruano, en su penúltimo año de gestión, para impulsar el crecimiento económico a un porcentaje mayor al del año pasado (2%).
El ministerio de Economía y Finanzas advirtió, en una sesión con la Comisión Permanente del Congreso, que el problema es que el nivel de inversión pública se estancó entre 32.000 (9.580 millones de dólares) y 36.000 millones de soles (10.778 millones de dólares) en los últimos años.
De 2014 a 2019, el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto Interno (PIB) es 3 % en Perú, con una tasa de alrededor de 2,4 % en 2014 y de alrededor de 2,2 % en 2019, indicó a Efe el economista César Peñaranda.
«Entonces hay un crecimiento bajo y una de las causas fundamentales, entre otras, es la caída de la inversión total, no solo de la privada, sino de la pública», anotó.
Para el analista, las principales razones de este nivel de inversión pública son, en primer lugar, «el tema de los actos de corrupción que han empezado en el Perú, no sólo en el país sino en América Latina, ha puesto mucho más activos a los órganos de control, particularmente a la Contraloría, y, a su vez, mucho más preocupados y reacios a tomar decisiones a los funcionarios públicos».
El escándalo Odebrecht ha abierto investigaciones por corrupción contra los últimos presidentes, desde Alejandro Toledo y el fallecido Alan García, hasta Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de a decenas de autoridades locales, funcionarios y políticos.
Peñaranda agregó que «el temor de los funcionarios públicos, fundamentalmente de aquellos que tienen que tomar decisiones sobre inversión, es uno de los aspectos. El otro es la alta rotación de funcionarios» debido al cambio de autoridades regionales y municipales a inicios de 2019.
«El ingreso de nuevos gobernadores y nuevos alcaldes conlleva la incorporación de nuevos asesores y gente de su confianza, entonces se ha generado una rotación muy alta de funcionarios que afecta por cierto la dinámica de las inversiones», anotó.
El tercer motivo para la reducida ejecución de los presupuestos, especialmente a nivel regional y local, «es la falta de capacitación y experiencia en el manejo de la inversión pública, lo que genera una deficiente gestión», afirmó el economista.
Peñaranda recordó que «el gasto de capital público, la inversión pública, respecto del PBI, era más o menos el 6 % en el periodo comprendido entre 2012-2015, en el 2016-2018 bajó a 5 % del PBI y el año pasado a 4,9 % del PBI».
Esta situación se agrava en las regiones más pobres del país, entre las que se encuentran Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Puno, de acuerdo a un reporte del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.
La andina Cajamarca, que tiene las mayores reservas de plata del país y un yacimiento de cobre paralizado por protestas sociales, tuvo un gasto de inversión pública per cápita en 2019 con un promedio de 891 soles (unos 270 dólares) por habitante.
En tanto, la selvática Loreto, bañada por el enorme río Amazonas, ha tenido un gasto de inversión pública per cápita de 839 soles (unos 254 dólares) por habitante, en 2019, a pesar de registrar una pobreza en su población por encima del 34 %.
Peñaranda remarcó que «lo fundamental» para mejorar la ejecución de los presupuestos públicos «es capacitación, convocar a personas con experiencia, se requiere gerentes, gente que sepa tomar decisiones».
Una deficiente gestión pública, agregó el analista, provoca que no se cierren las brechas de infraestructura física y social, lo cual alienta la informalidad, otra de las batallas a combatir por el Estado peruano.
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