“Sí, es posible que la próxima semana el gobierno español vea la extradición; es lo que estamos pidiendo al nuevo Ejecutivo desde que se instaló”.
La Audiencia Nacional, que es el par del Poder Judicial en Perú, aprobó en octubre de 2019 la repatriación de Hinostroza, quien fugó para evitar las investigaciones de la Fiscalía por sus negociaciones irregulares que fueron expuestas con audios de llamadas telefónicas que protagonizó.
No obstante, y como sucede también en el sistema peruano, es el Consejo de Ministros el que tiene la última palabra sobre las extradiciones. La demora en atender el pedido del Estado peruano se debió a que el presidente español Pedro Sánchez no recibía el respaldo del Congreso para asumir el poder.
Sánchez se convirtió en mandatario luego de que su predecesor, Mariano Rajoy, fuera censurado por los diputados en junio de 2018. Desde esa vez, para gobernar de manera legítima, Sánchez tuvo que convocar a elecciones dos veces, y recién pudo oficializar su mandato en enero último.
Ese proceso benefició con tiempo a Hinostroza, quien aún está a la espera de que se resuelva la apelación al rechazó de su pedido de asilo, que se le denegó en diciembre de 2018.
Las fuentes indicaron a este diario que ese recurso pendiente no impide al Ejecutivo español tomar una decisión sobre la repatriación.
“El gobierno puede definir que se accede a la extradición, pero la entrega queda pospuesta hasta que se resuelva el asilo”, precisaron.
El procurador anticorrupción Amado Enco viajará la próxima semana a Madrid, para contratar nuevamente al Estudio Pelayo, Clemente, Baos para que sustente el segundo pedido de extradición contra Hinostroza.
Esta solicitud es por haber sobornado a una funcionaria de Migraciones para poder escapar del país por el puesto fronterizo de Tumbes. Contra este desenlace no hay plan de fuga que salve.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso disciplinario contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa, sindicados miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.
De otro lado, la entidad abrió una investigación preliminar contra el juez supremo César San Martín, a quien se le escucha en un audio de la vergüenza hablar con Walter Ríos y pedirle favores; asimismo, a Ángel Romero y a Vicente Walde Jaúregui, exjuez supremo y exjefe de la OCMA.
Fuentes de la JNJ indicaron a Perú21 que si bien el plazo para concluir las diligencias con el primer grupo de magistrados es de un año, habría resultados tras cuatro o cinco meses.
Por su parte, la fiscal Sandra Castro saludó la decisión tomada por la Junta. “Ya es el momento de iniciar la limpieza de magistrados”, dijo en diálogo con este diario.
Castro fue quien identificó a los miembros de la organización criminal en un informe que emitió en agosto de 2018 y que elevó al fiscal supremo Pablo Sánchez.
La Audiencia Nacional concedió la repatriación de César Hinostroza por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. No aprobó la imputación por organización criminal.
En los audios de la vergüenza se escucha a Hinostroza negociar sentencias, favorecer a amigos y pedir beneficios a empresarios a cambio de ayudarlos con sus casos. Siempre negó las imputaciones fiscales.
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