Mujeres de todas las edades, estudiantes, artistas, activistas y de algunos partidos políticos marcharon por las calles del centro de Lima entonando cánticos y con pancartas, que denunciaban la violencia de género, la discriminación y la explotación laboral en el país.
La excandidata al Congreso y representante del Sindicato de Trabajadores de Limpieza Pública de la municipalidad de Lima, Isabel Cortez, llegó a la movilización con una delegación del gremio que ha ganado en la Corte Suprema de Justicia su derecho a ser contratados en planilla de la municipalidad.
El 70 % de los trabajadores de limpieza pública en Lima son mujeres y “a nivel nacional, las trabajadoras de limpieza pública somos vulneradas, no somos valoradas por nuestras autoridades”, afirmó Cortez a Efe.
La representante explicó que la situación de estas trabajadoras es precaria porque “constantemente somos atropelladas por terceros, por parte del gobierno municipal también, porque no prioriza nuestra salud, nuestras mejores condiciones laborales y salariales”.
Cortez demandó en la marcha feminista que la municipalidad de Lima cumpla con la sentencia de la Corte Suprema y “que mejoren las condiciones laborales de las mujeres porque somos la columna vertebral de nuestras familias”.
Otro grupo que destacó en la movilización fue el colectivo de mujeres afroperuanas feministas “Presencia y Palabra, Mujeres Afroperuanas” que llegaron entonando el estribillo: “¡somos las nietas de las esclavas que no pudiste matar!”.
La portavoz del colectivo, Rocío Muñoz, dijo a Efe que el esfuerzo del grupo “se concentra en lograr que el Estado atienda el racismo estructural, que afecta a las mujeres afrodescendientes y a la población afroperuana, y en el marco de eso genere las políticas públicas necesarias para garantizar un contexto de no violencia y menos racismo para la población afrodescendiente en el Perú”.
Como uno de los grupos sociales más afectados por la violencia de género, Muñoz apuntó que “en el caso de las mujeres negras afrodescendientes tenemos que tener en cuenta cómo la violencia racial puede ser un causal e incluso un agravante de las situaciones de violencia y es una de las violencias que no siempre queda visibilizada en la agenda”.
En su opinión, “los insultos y las constantes situaciones de postergación y de exclusión son cosas que debemos atender también cuando pensemos los temas de violencia”.
Las políticas públicas deben facilitar las condiciones para que las mujeres afrodesdencientes tengan un mayor acceso a la educación superior, al empleo sin discriminación y sin racismo, y a la salud adecuada, oportuna y eficaz, anotó.
La población migrante venezolana, que se acerca al millón de personas en Perú, también estuvo representada en la marcha por la asociación de mujeres migrantes y refugiadas “Pasos Firmes”, asentadas en el populoso distrito de Comas.
La venezolana Yoani González, presidenta de Pasos Firmes, declaró a Efe que “llegar a Perú no es nada fácil, la mayoría venimos con situaciones de depresión y eso las lleva a la vulnerabilidad y a la no adaptación en este país, a ser vulnerables a la trata, al abuso, al trabajo explotativo porque aquí hay explotación laboral”.
Muchas de las migrantes son madres solteras que consiguen trabajos de hasta 16 horas diarias y que deben dejar a sus hijos menores en una habitación solos durante casi todo el día, contó González.
A través de su organización, las mantienen informadas sobre los trámites que deben realizar en Perú para obtener el estatus de refugiadas y las ayudan a desarrollar algún emprendimiento que les permita tener un ingreso para cuidar de sus familias.
Este grupo de migrantes acudió a la movilización en Lima para pedir que “las mujeres que están solicitando refugio tengan su carnet de refugiadas, y que esa calidad migratoria sea reconocida al momento que van a buscar un trabajo o un beneficio”, indicó González
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