En la víspera, el Poder Judicial inició la audiencia de control de acusación contra los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, investigados por presunto tráfico de influencias y cohecho activo genérico propio.
Los hechos se remontan al año 2017, cuando presuntamente Kenji Fujimori coordinó la compra de votos parlamentarios para evitar la vacancia del entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y cambio de ello obtener el indulto humanitario para su padre, Alberto Fujimori.
Rivera dijo que se está ante un caso que, analizado jurídicamente, permite ver claros elementos que configuran tráfico de influencias.
«No se está solo ante el hijo dispuesto a hacer lo que sea por su padre. Ese hijo era funcionario público (congresista) y habría hecho negociaciones, arreglos, ante otro funcionario, que era el presidente, para beneficiar a su padre. Acá hay tráfico de influencias, lo dijimos en su momento y eso es lo que se ve», indicó.
Según explicó, la Fiscalía tiene en sus manos un caso sólido, pues el el tráfico de influencias es un delito concreto: requiere intermediación frente a un funcionario público, que es lo que se dio.
De por medio, agregó, está el ofrecimiento de prebendas, no económicas pero sí políticas: te salvo de la vacancia que promueven en el Congreso y luego indultas al padre. «El hecho acá está absolutamente consumado y se materializó la tarde que soltaron a Fujimori», enfatizó el abogado.
Respecto al cohecho activo genérico propio que se le atribuye al excongresista, consideró que la Fiscalía lo plantea a fin de consolidar su acusación.
Recordó que, de acuerdo a las pruebas fiscales, había ofrecimientos presupuestales para las regiones de los congresistas a cambio de no apoyar la vacancia. «Eso significaba un ofrecimiento indebido e ilegal, eran prebendas para los congresistas», argumentó.
«Ya la Fiscalía ha concluido la investigación preparatoria, hemos entrado en la etapa intermedia, donde el hecho central es el control de acusación. Después, se debe dar resolución de si procede o no la acusación», explicó el abogado.
Si procede, el Poder Judicial determinará que hay mérito para el inicio del juicio oral y el caso pasará a un tribunal de juzgamiento; si no acepta, se archiva la investigación o se la devuelve a la Fiscalía para que desarrolle la investigación.
«En mi opinión, es un caso suficientemente concluido. Declarar procedente la acusación e iniciar el juicio es, lo que creo, va a ocurrir finalmente», subrayó.
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