La opacidad y la falta de acceso a la información pública caracterizan en Venezuela el actual periodo de crisis sanitaria internacional por la propagación del coronavirus, denunciaron en Ginebra defensoras de los derechos humanos de este país.
“La ONU definió a Venezuela y Haití como países prioritarios en caso de que el coronavirus llegue, pero la opacidad y falta de acceso a la información pública dificulta conocer la realidad, si hay casos o no”, dijo la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero.
“La información de lo que podría ocurrir es muy opaca y, por eso, hay que entender las razones estructurales de la salida masiva de venezolanos, relacionadas con los problemas de acceso a la salud, a la educación, así como a los medicamentos”, añadió Liliana Ortega, coordinadora de la ONG COFAVIC, que mantiene un registro de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 1989.
Ambas activistas presentaron un informe que analiza la situación de los defensores de los derechos humanos en ese país, elaborado en colaboración con la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, y la Federación Internacional de Derechos Humanos, en París.
Ortega indicó que, ante la amenaza del coronavirus que se cierne sobre Venezuela, es hoy más importante que nunca “permitir que las organizaciones humanitarias trabajen sin interferencias para brindar auxilio a los venezolanos”.
La crisis humanitaria en el país, recordó, incluye una serie de graves deficiencias en el sistema hospitalario y escasez de medicinas.
Venezuela es uno de los pocos países que no ha reportado ningún caso de coronavirus en Latinoamérica, donde la propagación del virus es limitada.
De acuerdo al informe sobre la situación de los activistas venezolanos, presentado coincidiendo con la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, durante 2018 y 2019 se documentaron más de cien ataques en su contra y, de ellos, 60 fueron casos de intimidación, 32 de acoso, 12 de intimidación y 8 de detenciones arbitrarias.
El Estado venezolano es considerado el responsable de la mayoría de esos casos, sea a través de lo que se considera uno de sus principales instrumentos de comunicación, el portal web Misión Verdad; del programa de televisión Con el Mazo Dando o de sus fuerzas de seguridad.
“Todas las personas que tienen una voz crítica en defensa de los derechos humanos son consideradas enemigos internos del Estado. A raíz de esta política, quienes defienden o exigen derechos humanos en Venezuela son catalogados de terroristas, traidores o agentes desestabilizadores de la paz y sufren distintas represalias”, explicó Romero.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que también participó en el informe, ha documentado más de 66.000 protestas ciudadanas entre 2011 y 2019 en Venezuela, que han sido reprimidos de manera sistemática.
El director del Organización Mundial contra la Tortura, Gerald Staberock, mencionó el caso de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, objeto de amenazas por denunciar la situación crítica del sistema de salud.
Staberock consideró que su caso es un ejemplo de la criminalización y el riesgo que corren todos aquellos que se atreven a criticar en voz alta al gobierno y sus políticas.
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