La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó de inconstitucional la Ley Nº 31012 Ley de Protección Policial que el Congreso de la República promulgó por insistencia este sábado 28 de marzo.
La norma legal establece el favorecimiento al personal de la Policía Nacional del Perú que, en ejercicio regular de su función constitucional, haya causado lesiones o muerte al momento de hacer uso de sus armas o medios de defensa.
No obstante, la entidad rechaza la ley porque en su disposición complementaria deroga la precisión del principio de proporcionalidad de la fuerza establecida en una anterior norma.
Esta derogatoria hace referencia al literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo N° 1186, en el que medía el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden en contra de la ciudadanía.
Al respecto, la CNDDHH, institución que defiende los derechos humanos en el Perú rechazó categóricamente la norma y solicitó a los jueces que apliquen su facultad de control de constitucionalidad de oficio hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie al respecto.
María del Mar Pérez Aguilera, responsable del Área de Defensores de Derechos humanos de la institución, en conversación con este diario explicó que los magistrados pueden ejecutar esta facultad que tienen ante normas que vulneran artículos de la constitución y pactos internacionales en pro de los derechos humanos.
“Nuestra posición es que los jueces usen su control de oficio a pesar de que haya esta ley porque vulnera el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, y pactos internacionales como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que son de cumplimiento obligatorio”, enfatizó.
Asimismo, la abogada de la institución sostuvo que esta ley permitirá los abusos policiales y muchas personas podrían sufrir lesiones leves hasta la muerte, como en el caso del desalojo en Cajamarca, y no seguirían un proceso legal para encontrar justicia.
Pérez Aguilera resaltó que gran parte de los agentes policiales no están entrenados ni capacitados para tragar con la población en casos de conflictos sociales o protestas ciudadanas. Agregó que este situación empeorará en el actual estado de emergencia nacional impuesto por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus COVID-19.
“Los policías no tienen los equipos ni el entrenamiento adecuado. En este estado de emergencia y con esta norma que elimina el principio de proporcionalidad puede suceder cualquier cosa. En esta situación no podemos dejar de lado los derechos humanos, si no el remedio sería peor que la enfermedad”, subrayó.
CNDDHH presentará demanda para el TC
La defensora de los derechos humanos anunció que la CNDDHH trabajará una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley de protección policial para que algún personaje autorizado pueda presentarlo ante el TC.
Según la Ley Orgánica del TC, quienes pueden interponer este recurso son el presidente de la República, la fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo, el 25 % del número legal de congresistas, 5000 ciudadanos con firmas comprobadas, lo gobernadores regionales o alcaldes provinciales y los colegios profesiones.
“La disposición de la derogatoria que elimina el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza que es fundamental porque establece que solo se puede matar a una persona si hay peligro grave o inminente. Se necesita que las fuerzas del orden actúen de forma respetuosa”, señaló la representante.
Cabe mencionar que la ley fue promulgada por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, y el vicepresidente, Luis Valdez Farias. Esto se da luego que el Pleno del Parlamento lo aprobara en setiembre del 2018 y el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no lo haya publicado.
CNDDHH: “Es lamentable que se dé un populismo autoritario”
En la misma línea, María del Mar Pérez Aguilera criticó que las autoridades de las fuerzas del orden estén usando un “populismo autoritario» respecto a accionar que están tomando durante el estado de emergencia por el avance del coronavirus.
Resaltó que la Constitución establece que si algún ciudadano incumple con el toque de queda, la Policía así como las Fuerzas Armadas deben proceder solo a su detención.
“Es lamentable que últimamente se dé el populismo autoritario. Hoy aplaudimos a un policía que cachetea a un joven que no respetó el toque de queda y más tarde vamos a ver al Ejército disparar a personas que salieron a la calle en busca de comida porque ya no contaron con dinero para comprarla”, sostuvo.
La representante del CNDDHH indicó que para evitar algún abuso de autoridad durante esta crisis sanitaria y las medidas estrictas del Gobierno, debe dar un mensaje claro de sanción a los malos agentes, y la no aplicación de la Ley de protección policial.
“Lo que se requiere es un mensaje de parte del Ejecutivo que deje en claro que quienes cometan abuso van a ser sancionados y separados de la institución. Luego, darles los implementos adecuados, y por ultimo, que no se aplique la norma. El Ejército no está preparado para una situación de emergencia”, indicó.
No obstante, Pérez Aguilera resaltó que no se oponen a que el Estado otorgue defensa legal para los policías que puedan causar muerte en situaciones justificables, porque en estos casos ellos no deben ir a prisión.
En esta línea, la abogada de la CNDDHH enfatizó que el Parlamento, desde donde se trabajó la Ley de protección policial y se elaboran más proyectos referidos al tema, no debe seguir con estas iniciativas que vulneran los derechos humanos. “Pedimos al Congreso que no continúen con esta versión porque es muy peligroso”, mencionó.
Estrella Digital