Túnez fue el último país en blindar sus fronteras y en tomar medidas de confinamiento contra la enfermedad, que ha causado oficialmente seis muertes y 227 contagios.
El pasado lunes, el presidente tunecino, Kaies Said, ordenó el despliegue del Ejército para ayudar en las labores de control de la población, apenas 24 horas después de que el Gobierno declarara la tercera fase, prohibiera las reuniones de más de tres personas en la vía pública e impusiera un toque de queda entre las 18.00 hora local y las 06.00 de la mañana.
Desde entonces, decenas de personas han sido detenidas a diario por incumplir las medidas preventivas de confinamiento que han obligado a cerrar algunas zonas del país como la isla de Djerba (sur), declarada «epicentro de epidemia».
Según el Observatorio Nacional de Enfermedades Nuevas y Emergentes, 9.000 personas se encuentran actualmente en cuarentena mientras que otras 5.000 han terminado el periodo de aislamiento sin mostrar síntomas.
Para paliar las consecuencias en la frágil economía tunecina, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas económicas y sociales por un valor de 800 millones de euros que incluyen aplazar el reembolso de préstamos para los sueldos inferiores a 1.000 dinares (320 euros), ayudas para trabajadores en «paro técnico» y colectivos desfavorecidos así como un fondo para reforzar la reserva de medicamentos, productos alimenticios y carburante.
Además, negocia la concesión de la última fase de un crédito concedido en 2016 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que había sido retenido al incumplir el gobiernos los recortes y la austeridad exigida por el citado organismo
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