La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley con el que buscan sancionar hasta con 22 años de prisión a los funcionarios que hagan mal uso de los recursos dispuestos por el Gobierno para la prevención del nuevo coronavirus.
Esta iniciativa fue formulada por el parlamentario Leonardo Inga y plantea establecer agravantes para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios en el uso de recursos que se ha destinado para combatir la pandemia. Actualmente, la malversación de fondos se castiga con pena privativa de la libertad de entre 3 y 8 años.
En el documento, el legislador considera la modificación de los artículos 384°, 387°, 388° y 389° del Código Penal, además establece penas más duras para los delitos de colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, peculado de uso y la malversación de fondos.
Para los casos de colusión agravada que se castigan con prisión no menor de 6 años ni mayor de 15, se castigaría con prisión no menor de 9 años ni mayor a 22, “si el delito se comete respecto al uso inadecuado de los recursos públicos como consecuencia de haberse declarado estado de emergencia”.
En tanto, precisan que los casos de peculado doloso y culposo, las penas van desde los 4 hasta los 12 años. Mientas que, si los recursos “fueran producto de asignación” durante del estado de emergencia, constituye un agravante y la pena estaría entre 12 y 18 años de cárcel.
El proyecto establece que si el dinero que administra el funcionario corresponde a zonas declaradas en estado de emergencia, “la pena privativa de libertad será no menor 4 ni mayor de 12 años.
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