Desde el pasado martes por la noche, Carmenza García y Marco Emilio Sandoval no han podido pegar el ojo. La prohibición del Gobierno de los desalojos a arrendatarios por la emergencia de covid-19 los dejó más que preocupados.
Estos esposos, de 59 y 69 años, viven de los arriendos que les dejan los cuatro pequeños apartamentos que lograron adecuar en su vivienda en el barrio Onasis, en Kennedy. Lo hicieron con un crédito, que ya pagaron, y hace dos años, con otra plata que les prestaron familiares, terminaron de echarle un empujón. Pero todavía les queda más por hacer, sobre todo en el apartamento en el que se acomodaron. Tienen zonas por donde les entra agua cuando llueve.
Ellos vieron por televisión cuando el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, hizo el anuncio: “En Colombia no se podrá desalojar bajo ninguna circunstancia a una familia durante la declaratoria de emergencia, incluso dos meses después…”. Malagón también dijo que no se podrán cobrar penalidades por la mora en el pago, ni aumentar el valor y si el contrato venció, se debe inmediatamente prorrogar.
Si bien la decisión busca beneficiar a millones de personas que no tienen techo propio, también termina por afectar a otro tanto que, como Carmenza y Marco Emilio, se endeudaron pensando en arreglar apartamentos en sus casas para que cuando llegara la vejez tuvieran una platica para vivir. Pero no esperaban encontrarse con una pandemia que obligara a todo el mundo a encerrarse.
En el 2019, según la ‘Encuesta de percepción ciudadana’ de Bogotá Cómo Vamos, el 49 % de los bogotanos tienen vivienda propia, muchos de ellos aún la están pagando, y el 44 % viven en alquiler.
El lío con el inquilino
La pareja de esposos de esta historia lleva 42 años juntos, tienen dos hijos, de 40 y 36, y con la plata que reciben de los arriendos pagan todo. Desde la alimentación, los servicios públicos, las cuotas mensuales de la deuda y los medicamentos de Marco Emilio, un técnico de radios y televisores que desde finales de 2016, luego de una complicación en una cirugía de próstata, le cuesta dormir y la ansiedad lo acosa.
La noticia los aterró porque tienen un inquilino que el 15 de marzo se le cumplió un nuevo mes y no pagó los 650 mil pesos del arriendo, sino apenas 300 mil.
Es un ciudadano venezolano que se rebusca la plata en la avenida 1.º de Mayo como mecánico, pero con la declaratoria de la emergencia no ha podido trabajar. Tampoco su esposa, que vende tintos; ni un hermano de ella, que vivía de alquilar lavadoras. En total, cinco personas terminaron en el pequeño apartamento de dos habitaciones, sala-comedor, cocina y baño.
Y sobre los otros arrendatarios, aunque no se les ha cumplido el mes, Carmenza y Marco Emilio piensan que tampoco van a pagar. “Nos estamos preparando psicológicamente. Si no tienen trabajo, ¿cómo pagan?”, se pregunta algo resignada esta mujer que trabajó en servicios generales en una clínica de la ciudad. Y agrega: “Ayer (miércoles) hablé con el muchacho. Me dijo que le diera espera, pero no da una fecha. Me toca aguantarme, callarme, para no tener malos entendidos”.
El caso de una enferma
La misma zozobra vive Alejandrina Vernaza, una lideresa afro que desde hace 10 años tomó en arriendo una casona en el barrio Sinaí, en Kennedy, y ha subarrendado espacios. Esta viuda de 60 años, a quien los males y achaques la tienen con medidas extremas de cuidado, vive con su hija menor, que está terminando el bachillerato en el John F. Kennedy.
Alejandrina tiene un inquilino, colombiano, al que se le cumplió el plazo y “está colgado con los servicios”. El arrendatario vive con su esposa y, por la cuarentena, tampoco ha podido trabajar. “Se le cumplió el 15 (de marzo), pidió plazo para el 20 y luego, con la noticia, dijo que ya no tiene que pagar y que tampoco tengo derecho a desalojarlo”, cuenta Alejandrina.
“Eso me tiene al borde de la locura. Yo vivo de esto, pago mi salud, mis alimentos, atiendo el estudio de mi hija, que hace un curso de inglés y ya va para la universidad”, dice esta tumaqueña que afirma sufrir de obesidad mórbida, pesa 100 kilos; diabetes, hipertensión, gastritis y apnea de sueño.
Ante la incertidumbre, tanto Carmenza y su esposo como Alejandrina dicen que quedaron desprotegidos, porque no escucharon entre los anuncios del Gobierno una solución para quienes, como ellos, son arrendadores y dependen totalmente de esos ingresos.
El secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, reconoce que es un problema en el que están muchas familias y dice que “esto supera la afectación a población vulnerable, es un problema de la clase media”.
Asegura que la Administración está trabajando en medidas para esa población. El funcionario considera que en este mes (abril) seguramente van a empezar a recibir ese tipo de casos. Hasta ahora tienen reportes de 195 denuncias por desalojos en ‘pagadiarios’ del centro de la ciudad.
Y Olga Ceballos, docente de la Universidad Javeriana y experta en vivienda popular, considera que esta situación se está viviendo en los sectores populares y que se debe pensar en un subsidio para los arrendadores que dependen de esos ingresos, “para ayudarles a sobrellevar la espera en esta crisis” y “disminuir la posibilidad de conflictos entre arrendatarios y arrendadores”.
De hecho, este tipo de conflictos son muy comunes en la ciudad. Antes de la emergencia, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las casas de justicia y las unidades de mediación y conciliación recibían al menos 58 casos al día por el no pago de arriendos. Entre 2018 y febrero de 2020, estos conflictos sumaban 43.852.
Por ahora, las autoridades se han concentrado en atender a los desalojados de los ‘pagadiarios’ del centro de la ciudad y apenas empiezan a ver que hay otra bomba social que se les puede estallar, la de los arrendadores, muchos de los cuales ahorraron por años o se endeudaron, como Carmenza y Emilio y otros millones de bogotanos, pensando que de eso iban a vivir en su vejez, pero no contaban con que una pandemia pondría sus sueños en el limbo.
Lonja y Alcaldía invitan a la solidaridad
Ángela María Montero, directora jurídica de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, dice que las inmobiliarias ya están reportando casos de arrendatarios que argumentan imposibilidad para pagar, y aclara que “la emergencia no es para excusar del pago. Para quien tenga capacidad de seguir pagando, es primordial que lo siga haciendo, a fin de mantener un equilibrio económico”, y luego llama a las partes a llegar a acuerdos.
La entidad, junto con las secretarías de Hábitat y de Desarrollo Económico, invitaron ayer a las partes a la solidaridad y anunciaron que están trabajando en estrategias y
recomendaciones sobre las medidas que los propietarios, inquilinos e
inmobiliarios pueden tomar en la actual emergencia.
Montero dice también que la Lonja tiene el servicio del centro de conciliación, donde se pueden recibir tanto los casos de sus afiliados como de particulares, y que cada contrato es diferente. “El conciliador es un tercero neutral, que va a velar por el equilibrio entre las partes, que busca una conciliación”.
Quien necesite de este servicio puede hacer la solicitud en los correos: [email protected] o [email protected].
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