En un mensaje publicado en sus redes sociales, la hija del exmandatario, manifestó su preocupación por la salud de su padre, de 82 años, ante las noticias de casos positivos de la COVID-19 entre el personal de prisiones y reos de otras cárceles del país.
A nivel nacional ya se registran 193 muertos y casi 10.000 infectados.
Keiko, que se encuentra en prisión provisional mientras es investigada por un presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia de Perú, solicitó evaluar cualquier posibilidad que le permita a su padre abandonar la cárcel.
“No solo pido que se interponga un hábeas corpus en favor de mi padre, sino que las autoridades evalúen toda alternativa legal que le permita dejar la prisión», escribió Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, gran castigado en las últimas elecciones parlamentarias de enero.
«Él está débil producto de las dolencias crónicas que padece, y seguir en contacto con personal que todos los días llega desde la calle es un riesgo muy grande para su vida», aseguró la heredera política del expresidente.
Keiko recordó que su padre está preso desde hace doce años, aunque entre 2017 y 2019 pasó algo más de un año en libertad gracias al indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el mismo fue anulado por la Justicia al encontrar irregularidades en su tramitación y sospechas de un intercambio de favores entre ambos.
El exmandatario, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, cumple su condena en unas condiciones privilegiadas respecto al resto de presos del país, que son unos 97.000 hacinados en 69 establecimientos penitenciarios.
Fujimori es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, con una celda de tres ambientes donde recibe numerosas visitas semanalmente y cuenta con asistencia médica durante todo el día.
Asimismo, es traslado periódicamente a clínicas de Lima para tratarse diferentes males crónicos propios de su avanzada edad, como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular paroxística y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta en seis ocasiones.
Debido a los delitos de lesa humanidad, el expresidente no puede gozar de beneficios penitenciarios y está obligado a cumplir la totalidad de la condena, lo que terminaría de hacer en 2033 a los 95 años.
Fujimori fue condenado como autor mediato (intelectual), con dominio del hecho, del asesinato de 25 personas en la matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, así como de los secuestros de un periodista y un empresario.
Posteriormente también recibió otras condenas por corrupción, pero al tener periodos de prisión menores a la primera, solo debe cumplir la más larga.
Por su parte, Keiko Fujimori se encuentra en la prisión de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, en régimen provisional por haber dificultado y obstruido las investigaciones sobre la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La hija del expresidente falsificó presuntamente la contabilidad del partido para ocultar millonarias donaciones de empresas, entre ellas un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y 3,65 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.
Tanto en 2011 como en 2016, Fujimori se quedó a las puertas de la Presidencia de Perú ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente. Este último le ganó las elecciones por apenas 40.000 votos
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