Argentina y Colombia han encontrado una manera de financiar el equipamiento necesario para la lucha contra el nuevo coronavirus.
Ambos países latinoamericanos están usando bienes incautados de delitos como narcotráfico, corrupción y trata de personas para maximizar sus recursos.
Autos e inmuebles que eran usados para delitos ahora son empleados para el traslado, alojamiento y aislamiento de enfermos por COVID-19.
Un mecanismo jurídico, llamado extinción de dominio, permite que las autoridades dispongan de estos bienes de origen ilegal.
Los recursos que se presume que un acusado adquirió debido a sus actividades ilícitas puede ser incautado, incluso antes que el sospechoso sea procesado.
Los bienes pasan a manos del Gobierno y será administrado por algún ente estatal.
El Perú, al igual que México, Bolivia, Honduras y El Salvador, tienen una ley similar. Sin embargo solo Argentina y Colombia le estarían dando este uso contra el coronavirus.
En el caso de Argentina, se están usando dos hoteles, que pertenecian a la organización narcocriminal Loza; un proyecto inmobiliario llamado Pilar Bicentenario, incautado en un operativo de lavado de dinero ; 26 vehículos decomisados a una presunta banda de narcotraficantes, y hasta US$12,000 incautado al exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, condenado por enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia está ofreciendo el Hotel Benjamin, que pertenecía al israelí Assi Mosh y estaba relacionado a una red de prostitución; un exprostíbulo conocido como ‘El Castillo’, en el centro de Bogotá; y 65 inmuebles que pueden ser usados como refugios para mujeres en peligro durante la pandemia.
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