Daniel Urresti, vocero oficial de Podemos Perú, exhortó al titular del Ministerio de Educación (Minedu), Martín Benavides, a presentar este lunes su proyecto de ley donde los colegios privados deben asignar una “pensión reducida” a los alumnos acorde a los gastos que hacen los padres de familia en el marco de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).
“Señor ministro de Educación (Martín Benavides). Haga suyo el proyecto de ley que presenté para que los colegios privados y padres de familia negocien en igualdad de condiciones. Ustedes pueden publicarlo como Decreto Legislativo este lunes. ¡Hágase una por el Perú!”, escribió Urresti tras la difusión de una oficio en su Twitter el último viernes.
En efecto, el congresista mandó una carta al jefe del Minedu con la finalidad de «manifestarle su preocupación por los millones de padres de familia y alumnos de los colegios particulares, que vienen siendo afectados por la negociación y el cobro de pensiones ante la variación en la forma como se presta el servicio educativa, por la emergencia nacional sanitaria del COVID-19”.
Asimismo, el proyecto de ley N° 5052/2020-CR, sostiene que los padres deben conocer los gastos que hace el colegio para solicitar una pensión, así como el derecho de conservar la matrícula o vacante para el próximo año escolar permitiendo al estudiante migrar a otra institución educativa en el marco de infecciones por el nuevo coronavirus.
De igual manera esta iniciativa “garantiza el servicio público esencial de educación y salud en caso de pandemias u otras declaratorias de estados de emergencia nacional o sanitarias que pongan en riesgo el año escolar”.
Por otro lado, según esta propuesta, los docentes pueden continuar con sus actividades académicas de manera virtual para así garantizar la enseñanza en los alumnos.
Además, el Minedu se responsabilizará de informar cada tres meses las acciones en esta cartera a las comisiones de Educación y Fiscalización del Congreso de la República.
En caso que haya colegios privados con fraude o entrega de información falsa a sus estudiantes, recibirían una multa de entre 20 % al 80 % de la utilidad operativa por la emergencia nacional.
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