El ejército colombiano sufrió la baja de una docena de militares debido a un escándalo de escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces desatado en enero, y que volvió a estar sobre el tapete el último viernes a causa de una publicación periodística que señalaba nuevas irregularidades.
El ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que los militares retirados dejan la institución como consecuencia de investigaciones disciplinarias internas por el “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”.
“Hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo once oficiales; asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo”, declaró Holmes Trujillo en rueda de prensa en Bogotá.
Las investigaciones internas a las que hace referencia el ministro, comenzaron en enero, luego que se publicara aquel mismo mes en la revista Semana, indicios y testimonios comprometedores.
Se trataría de efectivos del ejército interceptando teléfonos y correos electrónicos de diferentes personas, sin orden judicial y con supuestos fines políticos.
Uno de los militares involucrados confesó a la revista que recibió ordenes de entregar la información recolectada de una magistrada a “un reconocido político del Centro Democrático”, el partido en el poder que lidera el senador y expresidente Álvaro Uribe.
De inmediato, la fiscalía abrió una investigación. En tanto el gobierno de Iván Duque aprovechó en anunciar una investigación interna. Investigación que ahora, según el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, terminó a finales de marzo.
El medio periodístico colombiano señaló en enero que el propio ministro de Defensa sabía de estas irregularidades, por lo que habría pedido la baja del comandante del ejército, general Nicacio Martínez. Militar de alto rango que dejó el cargo a fines de diciembre en medio de homenajes de Duque.
El nuevo artículo de Semana expone los seguimientos y perfilamientos a más de 130 periodistas, políticos, militares retirados, sindicalistas y hasta exfuncionarios de la presidencia por parte de la inteligencia militar.
“Por medio de herramientas informáticas y de software, realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar”, afirma el texto periodístico.
Los actividades ilegales, con objetivos desconocidos hasta el momento, habrían sido ejecutadas entre febrero y diciembre del 2019.
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