La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley que determina una responsabilidad administrativa funcional y plantea medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de esta institución.
Esta propuesta tiene la finalidad de tipificar a nivel legal, de manera taxativa y clara, las conductas infractoras de los funcionarios y servidores públicos, así como establecer las sanciones a aplicar, con la finalidad de afianzar la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción.
La iniciativa también especifica que son 33 conductas infractoras, en materia de responsabilidad administrativa, de funcionarios o servidores públicos, sujetas a la potestad sancionadora del ente fiscalizador.
En ese sentido, la Contraloría ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema, competencia cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), de acuerdo al artículo 45 de la Ley N° 27785.
Asimismo, la institución detalló que el 29 de abril de 2019 se remitió al Congreso de la República una propuesta relacionada al tema, no obstante con el contexto del estado de emergencia se realizaron las nuevas precisiones en el mencionado proyecto de ley.
Cabe destacar que en la exposición de motivos, la propuesta indica que el año pasado, el TC, a través de una resolución, generó la desaparición del régimen de infracciones en materia de responsabilidad administrativa funcional, con lo cual la Contraloría no pudo continuar ejerciendo su potestad sancionadora.
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