Según el último censo, en Bogotá hay unos 10.000 habitantes de la calle. Su situación en medio de la pandemia es preocupante no solo por ser población vulnerable al covid-19, sino porque en su contra comienzan a detectarse brotes de discriminación, ‘argumentando’ temor al contagio.
Aunque la Secretaría de Salud confirmó que de los casos de la enfermedad en Bogotá, 20 correspondían a habitantes de la calle y que cuatro de ellos se encuentran en seguimiento epidemiológico especial, los defensores de sus derechos dicen que la alerta es por otros hechos.
Uno de esos fue el ataque al cambuche de Ricardo Lozada, un reciclador que pasa sus noches en el caño del barrio Bonanza, en Engativá. “Yo salí de mi hueco durante una hora y cuando regresé le habían prendido fuego a todo mi cambuche. Tenía un colchón nuevecito y todo eso se me dañó”. En ese mismo barrio ya se había presentado un incidente similar con otro reciclador. En esa oportunidad, una pareja corrió el riesgo de quemarse cuando vieron que el techo de su cambuche estaba en llamas.
Orlando Beltrán, de la fundación Banquete del Bronx, le dijo a EL TIEMPO que este tipo de incidentes es el ‘pan de todos los días’ desde que comenzó la emergencia. “A ellos les queman sus ranchos, los golpean, de todo”, relató. Y ahora, para terminar, con la llegada de la temporada de lluvias, se les suma un problema más que los pone en riesgo no solo para contraer la enfermedad, sino del maltrato social. Ese es el caso de Norita, quien vive en el caño de la calle 39 con avenida Caracas, en el costado oriental. “Ella tiene problemas graves de salud. Sufre de los pulmones y requiere de oxígeno, pero en su situación nadie la provee de eso”. No tiene hijos, no tiene familia y muchas veces se ha quejado del maltrato de las autoridades. “Ahora lo que más necesita son inhaladores, pues a veces se ahoga”, dijo Beltrán. Para ella, estos días han sido más difíciles, pues con la llegada de las lluvias, los caños en donde se resguarda se llenan de agua.
Temblores ONG, investigadores de la violación de los derechos de esta población, dijo que el Instituto Nacional de Medicina Legal ya ha registrado en este año 47 hechos de violencia física contra habitantes de la calle y 44 homicidios entre enero y abril. La ONG advirtió que, aunque a algunos les suene paradójico, uno de los aspectos que más los pone en riego es la ausencia de baños públicos. “Muchos fueron asesinados mientras hacían sus necesidades fisiológicas. La ausencia de este mobiliario vulnera sus derechos a una vida digna”.
Beltrán, del Banquete del Bronx, también ha registrado agresiones a habitantes de la calle en la olla de La Favorita y en la calle 8.ª con carrera 15, en la olla La Leona. “Ya pasamos las denuncias a la Procuraduría”.
¿Qué dice el Distrito?
La secretaria de Integración Social, Xinia Navarro, rechazó la quema de los cambuches de los habitantes de calle en diferentes localidades. “Es inadmisible que se busque su expulsión al señalarlos de ser foco de contagio. No los podemos discriminar ni perseguir”.
Dijo que le han causado impacto las posiciones radicales de la ciudadanía. “Algunos nos piden recogerlos y llevarlos en un camión para que la gente ‘de bien’ no se contagie”. Incluso, han llegado a la entidad derechos de petición en los que se pide que los encierren, indicó la secretaria.
Integración Social tiene en sus 11 unidades a 1.200 habitantes de calle en confinamiento. “La gente debe entender cuáles han sido las condiciones sociales que han llevado a esas personas a vivir en la calle. Es un problema que incluye el consumo de drogas, problemas familiares, exclusión y salud mental”, afirmó Navarro. La funcionaria recordó que los habitantes de la calle son quienes deciden si quieren acceder a los servicios que ofrece la entidad, porque la Corte Constitucional manifestó que a los habitantes de calle no se les puede obligar.
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