En su informe ‘Olas de impunidad: las violaciones de Malta de los derechos de los refugiados y migrantes en el Mediterráneo’, la ONG ha asegurado que el cambio de enfoque del Gobierno maltés en 2020 en relación a la llegada de migrantes por el Mediterráneo central se ha traducido «en medidas ilegales y a veces sin precedentes» para evitar socorrer a los refugiados y migrantes.
Según Amnistía Internacional, esta «escalada» de las tácticas ha incluido acordar «devoluciones sumarias ilegales a Libia», desviar embarcaciones hacia Italia en lugar de rescatar a personas en dificultades, «detener ilegalmente a cientos de personas en transbordadores mal preparados» frente a aguas maltesas y firmar un nuevo acuerdo con Libia para impedir la llegada de personas a Malta.
«Malta está recurriendo a tácticas ilegales y más despreciables aún para eludir sus responsabilidades para con las personas necesitadas. Es vergonzoso que la UE e Italia hayan normalizado la cooperación con Libia sobre control de fronteras, pero devolver a personas al peligro en Libia no es nada normal», ha subrayado Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional.
«Los Estados miembro de la UE deben dejar de asistir en la devolución de personas a un país donde se enfrentan a horrores inenarrables», ha añadido.
La organización no gubernamental ha hecho hincapié en que algunas de las medidas adoptadas por las autoridades maltesas podrían haber conllevado «la comisión de actos delictivos que han tenido como consecuencia muertes evitables», una «detención arbitraria prolongada» y «devoluciones ilegales a Libia, un país desgarrado por la guerra».
En este sentido, ha afirmado que las autoridades maltesas también han «usado» la pandemia de COVID-19 como pretexto para declarar que Malta no esa un «lugar seguro para desembarcar», «a fin de disuadir a las personas que buscaban seguridad y una vida digna en Europa».
Amnistía Internacional ha considerado que las prácticas «abusivas» de Malta son «parte integrante de los esfuerzos generales» de los Estados miembro y las instituciones de la UE para dejar el control del Mediterráneo central «en manos de Libia», a fin de que las autoridades libias, con el apoyo de la UE, «puedan interceptar a las personas refugiadas y migrantes en el mar antes de que lleguen a Europa».
«Después se devuelve a estas personas a Libia, donde son detenidas arbitrariamente en centros en los que es muy probable que sean objeto de tortura y otros malos tratos», ha señalado. La organización ha recordado que desde comienzos de enero y hasta el 27 de agosto, la Guardia Costera de Libia ha devuelto «ilegalmente» al país norteafricano a 7.256 personas «con el apoyo de la UE».
Como ejemplo de la actuación de las autoridades maltesas, Amnistía Internacional ha mencionado un caso que ha definido como la «devolución sumaria del Lunes Santo», en el que un barco de pesca comercial contratado por Malta rescató a 51 migrantes y refugiados y los llevó de vuelta a Libia para entregárselos a las autoridades, «exponiendo al grupo de personas refugiadas y migrantes, que acababa de sobrevivir a un naufragio mortal, a más riesgos para su vida».
«Cuando el barco llegó a Libia, cinco personas habían muerto y las que sobrevivieron dijeron que otras siete habían desaparecido en el mar. Las personas supervivientes informaron también de que quienes iban a bordo no recibieron asistencia médica. En una declaración oficial, las autoridades maltesas confirmaron que habían coordinado la operación», ha señalado.
La ONG ha denunciado que no se llevó a cabo una investigación judicial sobre este caso y que todavía se desconoce cómo murieron las doce personas que fallecieron y cómo fueron devueltas a Libia las otras 51 «a pesar de ser ilegal el traslado de personas a ese país».
«El juez encargado de la investigación no escuchó los testimonios de las 51 personas trasladadas a Libia ni indagó en la cadena de responsabilidad que intervino en la contratación del Dar El Salam 1 y dio la orden de trasladar a las personas a Libia», ha asegurado Amnistía Internacional, antes de señalar que la ONG Alarm Phone tiene datos que indican que las autoridades maltesas podrían haber hecho «otras devoluciones sumarias en 2019 y 2020».
Tras recordar que ya denunció y documentó los abusos en las fronteras entre Croacia y Bosnia y entre Grecia y Turquía, la ONG ha recalcado que la Unión Europea» necesita con urgencia un sistema independiente y efectivo de observación de los Derechos Humanos en sus fronteras exteriores para garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos y abusos».
«La Comisión Europea debe pasar página cuando lance el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo después del verano y garantizar que las políticas europeas sobre control de las fronteras europeas y migración respetan los derechos de las personas refugiadas y migrantes», ha asegurado Elisa De Pieri.
«Los horrores a los que se enfrentan las personas devueltas a Libia deben desaconsejar a los líderes y lideresas europeos la cooperación con países que no respetan los Derechos Humanos. Al seguir empoderando a abusadores y esconder la cabeza en la arena cuando se cometen violaciones de derechos, los y las dirigentes de la UE comparten la responsabilidad de estas violaciones», ha concluido
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