La ONG Human Right Watch (HRW) denunció este viernes 11 de septiembre que el Gobierno interino de Jeanine Áñez usa el sistema de justicia de Bolivia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, algo que el Ejecutivo de La Paz rechazó.
La organización afirma que hay cargos promovidos por el Gobierno interino que son infundados o desproporcionados, con violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y un uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.
El Gobierno de Áñez —que está en el Ejecutivo después de la crisis política posterior a las anuladas elecciones del pasado 20 de octubre— rechazó categóricamente las denuncias de persecución política.
Los comicios de hace casi un año fueron anulados tras una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estableció una “manipulación dolosa” a favor del exmandatario, que entonces renunció ante una ola de protestas y tras las presiones de las Fuerzas Armadas.
Morales primero se asiló en México y ahora está exiliado en Argentina. Enfrenta cargos por “terrorismo” presentados por el Gobierno boliviano que lo responsabiliza de una serie de bloqueos de las carreteras.
En el informe titulado “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”, HRW denunció que el Gobierno de Áñez “ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos”.
Esto ha dado lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al Gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo.
HRW indicó que los cargos contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras.
La ONG indicó que en algunos casos los fiscales presentaron cargos por “terrorismo” contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales y que a otras se les imputó por haber publicado críticas contra el Gobierno en internet.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, indicó que la “injerencia política en el sistema judicial es un problema crónico en Bolivia”.
Pero indicó que el Gobierno actual “se aprovecha de un poder judicial sin independencia que el propio Morales ayudó a debilitar”.
“Pedimos que se retiren los cargos de terrorismo contra Evo Morales porque (…) no hay evidencia de que él cometió actos terroristas”, argumentó César Muñoz, responsable de la investigación.
Muñoz señaló que a pesar de que aquellas declaraciones supuestamente de Morales “son preocupantes”, en sí mismo “no es un acto terrorista según el Derecho Internacional” y tampoco merecen veinte años de presidio como señala el Código Penal boliviano.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, rechazó “categóricamente” el informe en una rueda de prensa y dijo que fue Morales durante su Gobierno (2006-2019) quien seleccionó a magistrados del Poder Judicial, como del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agrario, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado.
“En otras palabras: todo el sistema judicial está cooptado por el Movimiento Al Socialismo, partido de Morales, y por tanto es un contrasentido decir que el actual Gobierno ejerce control sobre la justicia o que la utilizamos como arma de persecución”, sostuvo el ministro.
Estrella Digital