Desde la reciente ruptura de la mesa de negociación federal (Conago) tras casi dos décadas funcionando como bisagra entre el Gobierno y los gobernadores, la relación entre el poder central y estatal mexicano es cada vez más conflictiva. Ante el aturdimiento de las direcciones de los partidos tras la arrolladora victoria de Morena, con control de las dos cámaras, los gobernadores se han convertido en el polo de oposición más activo y firme en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La gestión de la pandemia abrió las primeras grietas por donde empezaron a martillear las autoridades estatales, sobre todo panistas, como Chihuahaua, o independientes, como Jalisco. La financiación federal es un viejo caballo de batalla, pero ahora, en plena recesión y entre severos ajustes presupuestarios, han elevado la presión amenazando con demandar al Gobierno central si no libera más fondos.
La tensión entre el ramillete de 10 gobernadores -de todo el espectro opositor, incluido el PRI y el PRD- que salieron a principios de septiembre de la Conago ha alcanzado incluso a una materia tan sensible, y en principio de consenso, como la seguridad pública. El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, denunció esta semana que el propio secretario del ramo, Alfonso Durazo, le comunicó que las fuerzas federales se retiraban de la mesa de coordinación estatal. Es decir, se consumaba la fractura entre la policía del Estado y la Guardia Nacional.
En un momento, además, de alta tensión por el conflicto del agua. Desde mayo, el Gobierno federal viene aumentando el despliegue de efectivos en el territorio norteño para proteger las presas de los intentos de ocupación de los productores locales, que denuncian la falta da agua para sus cultivos en medio de la peor sequía en décadas y los problemas para cumplir con la entrega de agua al otro lado de la frontera. El conflicto ha dejado ya al menos dos muertos y varios heridos.
El abandono por parte de las fuerzas federales es una medida insólita en un contexto, además, donde la violencia sigue rompiendo récords. Chihuahua, precisamente, fue el tercer estado con más número de muertes violentas durante el año pasado, más de ocho diarias de promedio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi). Andrés Manuel López Obrador salió al paso en su rueda de prensa mañanera del jueves. Para justificar la decisión apuntó a un supuesto intento de conspiración por parte de Corral, uno de los gobernadores que más visibilidad han ganado últimamente y que suena incluso como posible rival de Ricardo Anaya en su inminente pelea por el liderazgo del PAN.
“Cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional -anunció López Obrador- cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones. Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido”. Los portavoces de los gobernadores opositores, la llamada Alianza Federalista (AF), respondieron cerrando filas con Corral y subrayando que “la seguridad pública no puede ser rehén, bajo ninguna circunstancia, de disputas políticas”.
Mientras el campo de batalla político se ensancha cada vez más, de fondo sigue corriendo una de las demandas clásicas de los responsables estatales: el pacto fiscal. Los Estados del norte, la zona más industrializada del país, consideran injusta la distribución de los ingresos fiscales que hace el Estado federal, basada en el principio de solidaridad y reparto entre los estados ricos y pobres. En plena pandemia, los gobernadores intentaron colocar en la agenda el tema. La llama ha vuelto a prender ahora con fuerza. De nuevo desde la AF, que integra además a los Estados norteños y ricos, han amenazado con demandar al Estado central si no recula en el recorte del 5,5% en las transferencias que platea el proyecto de presupuestos federales para el año que viene.
La postura de los gobernadores incluye también una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para proponerle un plan alternativo para que siga fluyendo la financiación federal a sus estados. Plantean la creación de un fondo de estabilización con recursos federales no ejercidos, parte de los remanentes del Banco de México y los recursos de extinción de dominio. “Ya existe el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. El problema es que si la recaudación federal cae por el desplome del petróleo y la actividad económica, la capacidad de ese fondo para compensar la caída en las participaciones federales también es menor”, apunta Christopher Cernichiaro, coordinador de Finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que considera difícil la creación de nuevos instrumentos para reorientar el gasto porque sería necesario entrar en un proceloso cambio de leyes.
La dependencia del los recursos federales por parte de los Estados es un problema real. Para este año, los ingresos totales de las entidades rondarán los dos billones de pesos. De ese total, el 87% corresponden a transferencias federales. “La recaudación local en México es muy baja en comparación al resto de países de nuestro entorno”, señala Cernichiaro. Un ejemplo ilustrativo es el predial, un gravamen sobre las propiedades inmobiliarias. Su proporción respecto al PIB en México es del 0.2%. La media mundial es del 2% y países como Brasil o Argentina están por encima de la media. En México, lleva ya mucho tiempo pendiente una reforma fiscal en profundidad. López Obrador de momento opta por retrasarla todo lo que pueda. Mientras desde el polo opositor estatal apuntan, incluso, a la convocatoria una convención nacional hacendaria para revisar el acuerdo fiscal que hay en el país.
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