La muerte de 28 venezolanos en un naufragio cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago, una cifra que fue actualizada este jueves, ha sacado a la luz una de las rutas de migración más desconocidas y duras, mientras se multiplican las denuncias contra los dos países.
El naufragio se produjo el sábado pasado, aunque las primeras noticias, todavía confusas, comenzaron a llegar en la madrugada del domingo a través de las denuncias del político opositor David Smolansky, nombrado comisionado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Posteriormente, las autoridades comenzaron a informar acerca del caso y, este mismo jueves, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que la cifra de muertos “ha llegado, en este momento, a 28 en total, de los cuales 26 están ya identificados y dos están por identificar”.
Saab también explicó que están investigando el caso como un delito de trata de personas en una ruta marítima, la que une las costas de Venezuela con Trinidad y Tobago, que está “tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de emigrantes e incluso a la trata de personas”.
Una de las regiones más pobres
Los venezolanos que fallecieron viajaban en una frágil embarcación destapada, denominada peñero y usada frecuentemente para labores de pesca cercanas a la costa, que había zarpado del estado Sucre, uno de los más pobres de Venezuela.
Sucre conforma un golfo, el de Paria, junto a los estados Monagas y Delta Amacuro. Apenas a unos kilómetros se encuentra la isla de Trinidad, un trayecto corto pero que incluye el paso por los estrechos de Bocas del Dragón, que entrañan riesgos para las frágiles embarcaciones.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y publicada en julio pasado, en Sucre, el 67% de los habitantes viven bajo el umbral de la pobreza extrema. En Monagas, el 68% de los ciudadanos vive en esas condiciones y en Delta Amacuro es el 70%.
Esa situación empuja a los habitantes de la zona a emigrar en busca de mejores condiciones, así como han hecho 5,4 millones de venezolanos en los últimos años, según datos de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Sin embargo, la mayoría de ellos ha salido por las fronteras venezolanas con Colombia y Brasil, muchos a pie, por lo que la ruta marítima hacia Trinidad y Tobago no ha centrado la atención.
En su comparecencia de este jueves, Saab señaló que, además del propietario de la embarcación y el dueño de la finca desde donde partió el peñero, ambos ya detenidos, las autoridades están tras la pista de otros cuatro civiles, “quienes se encuentran vinculados directamente al caso de acuerdo a las pesquisas realizadas hasta el momento”.
Por otro lado, siete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía militarizada adscrita a la Fuerza Armada, están señalados por este caso, por lo que solicitarán órdenes de aprehensión en su contra.
Estos agentes, según las averiguaciones de la Fiscalía, habían detenido al dueño de la embarcación cuando traía a varias personas desde Trinidad y, para no reportar este hecho ante la Fiscalía, le cobraron 4.500 dólares.
Saab insistió en que esta ruta ha sido de uso habitual, pero ahora está “tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de emigrantes e incluso a la trata de personas”.
”Las mafias permean a las autoridades locales, que no están exentas de ser investigadas”, dijo. Más adelante, aseguró que las autoridades están trabajando para desarticular a la organización responsable de estos hechos. Tanto el fiscal como el Ejecutivo han denunciado una campaña por parte de dirigentes de la oposición y medios de comunicación, que buscan, según las autoridades venezolanas, sacar rédito político de este “extraño” accidente y atacar a la llamada revolución bolivariana.
La oposición señala a Trinidad y Tobago
Smolansky, nombrado por la OEA comisionado para la crisis migratoria, ha acusado al Gobierno de Trinidad y Tobago de no respetar los derechos de los migrantes venezolanos que llegan a la república isleña.
En un mensaje de Twitter denunció que el Ejecutivo de ese país “dice que hay 16.000 venezolanos en la isla”.
”En realidad, hay al menos 40.000 migrantes y refugiados venezolanos en ese país. La mayoría no ha tenido la oportunidad de obtener su documentación y tienen restricciones para trabajar y estudiar”, denunció. En este sentido, el pasado domingo aseguró que, desde el 22 de noviembre, han sido deportados 16 menores por Trinidad y Tobago. Ellos permanecieron 48 horas desaparecidos en el mar y regresaron a la isla.
Además, 160 venezolanos han sido deportados en coordinación con las autoridades del país petrolero.
El mismo domingo, Smolansky también denunció que Trinidad y Tobago violó “el principio de no devolución” de los migrantes, si bien no se ha confirmado hasta el momento si los 28 fallecidos habían sido deportados o si el naufragio se produjo cuando retornaban o fallecieron en el trayecto de ida a la isla.
Además, cuando se confirmaron 21 fallecidos por este hecho, el Gobierno aseguró que en la embarcación viajaban 21 personas, por lo que, al aumentar el número de muertes, se desconoce si estas iban en el mismo peñero, en cuyo caso la información gubernamental estaba equivocada.
Tras el naufragio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el fallecimiento de los venezolanos y urgió a Venezuela y a Trinidad y Tobago “a realizar de inmediato una investigación seria, imparcial y efectiva de estos hechos, incorporando en el análisis posibles situaciones de trata de personas”
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