El gobierno de los Estados Unidos impuso este lunes nuevas restricciones para el ingreso al país de funcionarios chinos acusados de violaciones de Derechos Humanos, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Beijing y a un mes de la salida de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.
La decisión “demuestra la firmeza del gobierno estadounidense para hacer responsable al Partido Comunista de China por la creciente represión al pueblo chino”, aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado citado por la agencia AFP.
“Los gobernantes autoritarios de China imponen restricciones draconianas en la libertad de expresión, de religión, de asociación y de reunión del pueblo chino. Estados Unidos ha dejado en claro que los perpetradores de violaciones sobre los Derechos Humanos como éstas no son bienvenidos en nuestro país”, señaló.
Los familiares de estos funcionarios también podrían ser alcanzados por la medida, agregó.
Las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado rápidamente en los últimos años, enfrentados principalmente por la expansión militar de Beijing en el Mar de China Meridional, la creciente represión y limitación de libertades en Hong Kong, la represión de musulmanes uigures en Xinjiang y el manejo por parte de China de la pandemia de coronavirus,
El viernes Estados Unidos agregó a 77 compañías, entre ellas 60 radicadas en China, en su lista de negra de exportaciones, por lo cual ninguna de estas empresa porá acceder a tecnología estadounidense clave. La lista incluye a Huawei, ZTE desde el viernes el gignate de los semiconductores SMIC.
Tampoco es la primera vez que Washington impone restricciones al ingreso de funcionario chinos.
El 5 de diciembre la Casa Blanca anunció nuevas restricciones a la obtención de visados por parte de funcionarios chinos y la cancelación de cinco programas de intercambio cultural con habitantes del país asiático, según ha comunicado el Departamento de Estado del país norteamericano.
La primera de las resoluciones afecta a oficiales del Departamento del Frente Unido para los Trabajadores, una organización que forma parte de la Administración china.
En un comunicado, se acusa a esta organización de aplicar métodos “coercitivos” e intimidar a “miembros de la academia, negocios y la sociedad civil” además de a los emigrantes chinos que han denunciado violaciones de los Derechos Humanos en Tibet, Xinjiang y “otras partes del país”.
En el texto, Pompeo llama a China a terminar “el uso de la coerción y la intimidación como tácticas para suprimir la libertad de expresión”.
L.N.