La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, se mostró este martes “alarmada” por las “atrocidades” que, a su juicio, están cometiendo los grupos armados en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y se han convertido en “patrón sistemático para perturbar la vida de los civiles, infundir miedo y crear caos”.
Así lo denunció en un comunicado en el que subrayó que en 2020 se registró un récord de más de 2.000 civiles muertos en las tres provincias orientales, con 1.240 en Ituri, 590 en Kivu Norte y 261 en Kivu Sur, víctimas de ataques atribuidos en su mayoría a grupos armados.
En 2021 los asesinatos y secuestros han continuado en Kivu Norte, también contra civiles desplazados, y Acnur y sus socios han escuchado numerosos testimonios de personas que han sobrevivido a lo que consideró una “violencia selectiva”, mientras que entre diciembre de 2020 y enero de 2021 contabilizó al menos siete incursiones de grupos armados en cinco asentamientos distintos de personas desplazadas en el territorio de Masisi.
Más de 88.000 desplazados residen en 22 emplazamientos apoyados por Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y muchos otros viven en asentamientos espontáneos, si bien alrededor del 90% se aloja en comunidades de acogida, según relató esta agencia de la ONU, que precisó que los ataques de los grupos armados se llevan a cabo bajo la sospecha de que la población colabora con otros grupos o con las fuerzas de seguridad congoleñas.
“Algunos de estos asentamientos de desplazados están amenazados por múltiples grupos armados y los civiles se encuentran atrapados en medio de los enfrentamientos entre los diferentes grupos”, alertó la organización, que ha recibido informes sobre grupos que ocupan por la fuerza escuelas y hogares, prohíben las actividades escolares y atacan los centros de salud en varias localidades de la zona.
IMPUESTOS ILEGALES
Además, en noviembre de 2020, algunas de estas bandas impusieron impuestos ilegales a las personas que querían acceder a sus granjas en sus propios pueblos de origen en el territorio de Rutshuru, aislando a muchos de su única fuente de alimentos e ingresos al no poder pagarlos.
Tras reconocer que las fuerzas armadas no tienen capacidad suficiente para mantener el control de las zonas que aseguran, lo que deja espacio para que los grupos armados recuperen esas zonas y se impongan sobre la población local, Acnur instó a todos los actores implicados a que respeten el carácter civil y humanitario de los campamentos de desplazados y urgió a la puesta en marcha de una investigación «rápida e independiente» de los crímenes cometidos para llevar a los autores ante la justicia.
En paralelo, continúa colaborando para proteger a los civiles, reforzando la capacidad local y creando sinergias entre las autoridades locales y las iniciativas de base y sigue “de cerca” la situación en la mayoría de las zonas a través de socios locales e internacionales, a la espera de recibir el 94% de los 195 millones de dólares que necesita para desarrollar sus operaciones en el país.
En los últimos dos años más de cinco millones de personas han sido desarraigadas por la inseguridad y la violencia en la República Democrática del Congo, con casi dos millones de desplazados sólo en la provincia de Kivu Norte, según estimaciones de la ONU.
Estrella Digital