El contencioso sobre el Sahara Occidental comenzó en 1975 cuando Marruecos, aprovechando el proceso de descolonización iniciado por España, se anexionó este territorio tras traspasar su frontera con la llamada Marcha Verde.
La Marcha Verde fue una operación dispuesta por el rey Hasan II el 6 de noviembre de 1975 en la que situó a unos 350.000 civiles marroquíes frente a la frontera española para avanzar hasta los muros defensivos del Ejército español.
Esta fue la respuesta del rey marroquí ante el proceso de descolonización de este territorio semidesértico de 266.000 kilómetros cuadrados, y ante la iniciativa de España y de la ONU de elaborar un censo como paso previo a la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Hassan II aprovechó la fragilidad del Gobierno español y seis días antes de la muerte de Francisco Franco, el 14 de noviembre de 1975, se firmaban en Madrid los Acuerdos Tripartitas hispano-mauritano-marroquíes, por los que España cedió la parte norte y centro del Sahara a Marruecos y el sur a Mauritania.
Pese a que la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya de 16 octubre de 1975, contraria a las pretensiones anexionistas de Marruecos y Mauritania, recomendó que se ejerciera el derecho a la autodeterminación, el ambiguo texto fue interpretado por Marruecos a su favor.
Así, el 27 de febrero de 1976 España se retiró definitivamente del Sahara y el Frente Polisario proclamó unilateralmente la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Tinduf (Argelia) y declaró la guerra a Marruecos y Mauritania.
Mauritania renunció en 1979 a ejercer su soberanía sobre esa parte del territorio y firmó la paz con el Polisario, circunstancia que aprovechó Marruecos para anexionársela.
Desde entonces, la mayoría del territorio está controlado por Marruecos mientras que el Polisario, apoyado por Argelia y Libia, dispone de una pequeña parte y tiene su cuartel general en Tinduf.
En 1988, Marruecos y el Polisario aceptaron un plan de la ONU que preveía un alto el fuego y el control de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum (MINURSO).
Tres años más tarde, el 6 de septiembre de 1991, entró en vigor el alto el fuego pero la consulta nunca se celebró por divergencias sobre la composición del censo.
El Polisario defiende que los 74.000 saharauis censados por los españoles en 1974, antes de abandonar el territorio, son los únicos autorizados a participar en la consulta, mientras que Marruecos exige incluir a los nómadas que se refugiaron en su territorio durante la colonización española (120.000), lo que el Polisario rechazaba como intento de alterar el resultado.
En 1996, la ONU suspendió temporalmente el proceso de identificación de votantes ante las reclamaciones de Marruecos con el fin de engrosar el censo y en 1997 se reanudó el dialogo con el nuevo mediador, el exsecretario de Estado de Estados Unidos James Baker, quien consiguió fijar para julio de 2000 la consulta, que nunca se celebró.
El plan Baker fue rechazado por el Polisario porque no contemplaba la independencia y en 2003 sugirió otro que fue descartado por Rabat porque sí recogía esa opción. En 2004 Baker dimitió.
Tampoco lograron un acuerdo los siguientes mediadores, el holandés Peter Van Walsum, el estadounidense Christopher Ross ni el alemán Horst Köhler, si bien este último consiguió reanudar el diálogo en diciembre de 2018.
Entre 2007 y 2012 se celebraron varias reuniones en Manhasset, en la periferia de Nueva York, con nulos resultados. En ese año, las negociaciones quedaron varadas y las partes atrincheradas en sus posturas: un referéndum de autodeterminación con opción de independencia exigido por el Polisario frente a una oferta máxima de autonomía, sin referéndum, propuesta por Marruecos.
Fue en diciembre de 2018 cuando, tras seis años de silencio, se reanudaron en Ginebra conversaciones directas.
La tensión entre Rabat y el Polisario se agravó desde que el 21 de octubre de 2020 un grupo de activistas saharauis bloquearan el paso fronterizo de Guerguerat, una zona considera colchón que en los últimos años Marruecos había ayudado a convertir en un activo canal comercial con Mauritania. El 13 de noviembre, el ejército marroquí penetró en esta franja desmilitarizada y el Polisario le declaró la guerra.
La situación volvió a empeorar en diciembre de 2020 tras el reconocimiento del Sahara como parte de Marruecos por el saliente presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de que Rabat estableciera relaciones con Israel, como ocurrió.
En marzo de 2021, Marruecos suspendió relaciones con Alemania tras convocar a su embajadora en Berlín en respuesta a «actos hostiles» que atribuyó a las autoridades alemanas poniendo en cuestión la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental.
Sin embargo, en diciembre de 2021, Berlín apoyó al recién nombrado enviado especial para el Sahara del Secretario General de la ONU, Steffan de Mistura, en su búsqueda de un resultado político justo, duradero y mutuamente aceptable sobre la base de la resolución 2602 del Consejo de Seguridad.
La situación ha dado un giro el 18 de marzo de 2022 después de que la casa real marroquí asegurara que el Gobierno español de Pedro Sánchez apoya su propuesta de autonomía del Sahara bajo soberanía marroquí presentada por Rabat en la ONU en 2007, a través de una misiva enviada a Mohamed VI.
Un cambio de postura de España, que hasta ahora defendía los acuerdos de la ONU para celebrar un referéndum en el Sahara.