La investigación comenzó cuando los agentes recibieron escrito de la Fiscalía Provincial de Málaga con el objeto de atender la petición de cooperación internacional de las autoridades peruanas en cuanto a la realización de una indagación patrimonial sobre una ciudadana de su país que se había trasladado a Málaga, concretamente a Estepona, donde habría fijado su residencia.
Las indagaciones policiales han permitido comprobar que la investigada era titular de varias cuentas donde recibía las transferencias del dinero que presuntamente pretendían blanquear desde Perú, después de cometer una estafa en aquel país a través de las contrataciones de trabajadores «fantasma», según ha informado la Policía.
Tras el afloramiento del patrimonio y estudio de los activos financieros que la investigada posee y titulariza en nuestro país, se ha podido determinar que entre marzo de 2015 y agosto de 2017, habría recibido transferencias internacionales de efectivo por un importe que ascendería a más de 250.000 euros.
Se da la circunstancia de que cuando se produjeron las transferencias citadas, la investigada y uno de los arrestados en la denominada operación Rich Port II eran matrimonio.
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