Según ha informado este viernes el Ministerio, la titular de este departamento, Pilar Llop, se ha mostrado «orgullosa de que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania hayan depositado su confianza en estos profesionales españoles para esclarecer estos posibles crímenes de guerra».
Así, se pondrán a disposición de la Fiscalía los medios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para la recepción y análisis de las muestras y vestigios recogidos, así como otros recursos de ámbito nacional.
En una primera fase, se destinarán a la Corte Penal Internacional un total de 39 expertos forenses, organizados en diferentes equipos. De ellos, 29 serán médicos forenses, mientras que los 10 restantes serán oficiales de autopsias.
Igualmente, forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología se encargarán de la recepción y análisis de muestras y vestigios que les vayan llegando.
«Todos ellos son profesionales de gran cualificación» y de los que la ministra de Justicia ha destacado «su reconocimiento y valoración de su prestigio internacional», así como su «rápida respuesta» en el apoyo a estas investigaciones.
Estos profesionales pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres, Cantabria, La Rioja, Madrid, Valencia, Baleares, Huelva, Valladolid, Salamanca, Badajoz, Granada, Alicante, Galicia, Murcia y Cataluña.
No obstante, se prevé que en los próximos días se incorporen más facultativos de otras provincias.
Tanto el número de expertos como los institutos implicados podrán ampliarse, ya que se tendrán en cuenta las diferentes necesidades que se vayan identificando durante los trabajos, subraya Justicia.
Con estas medidas, el Gobierno de España atiende las peticiones de colaboración realizadas el pasado mes de marzo por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de crímenes de guerra en territorio ucraniano.
Concretamente, se solicitaba el envío de expertos que realizaran tareas de recogida, análisis y tratamiento de pruebas, así como entrevistas a víctimas y testigos y labores de investigación criminal sobre la comisión de delitos sexuales, de violencia de género y contra menores. EFE