Toda guerra conlleva sus atrocidades. Aunque la guerra ya sea una atrocidad en sí, por definición. El Ministerio del Interior de Ucrania ha anunciado que ha localizado ya 23 cámaras de tortura en la región de Járkov a medida que hacen retroceder a las tropas rusas. El conflicto en Ucrania sigue, lamentablemente, su curso.
Una de ellas, localizada en la localidad de Balaklia, se encontraba en una comisaría de Policía. Allí, las tropas rusas podrían retener hasta 40 personas en las diferentes celdas. «Según testigos, cientos de personas pasaron por esta cámara de tortura», ha lamentado Denis Monastirski, ministro del Interior, quien ha detallado que las tropas rusas hacían uso de descargas eléctricas, palizas y otros abusos.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa ucraniano ha cifrado en al menos 7.000 los ciudadanos desaparecidos en todo el territorio nacional desde el inicio de la guerra hace ya más de ocho meses. Hablando de cifras, el Centro Nacional de Resistencia ha elevado a 10.000 la cifra de menores ucranianos deportados por la fuerza a territorio ruso.
«Son llevados para su ‘rehabilitación’ a campamentos infantiles en Rusia, después de lo cual no son devueltos a sus padres. Esta situación es necesaria para que el Kremlin obligue a los padres a abandonar sus hogares en busca de sus hijos», reza un informe del mencionado organismo.
Muchas de estas situaciones son consideradas crímenes de guerra y lesa humanidad. Precisamente este miércoles llegaron a Ucrania los primeros miembros españoles de los Equipos Policiales de Apoyo (EPA), integrados por efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y que investigarán estos delitos especiales.
Esta avanzada española, formada por el jefe de la misión y los coordinadores de la misma (un comandante y un teniente de la Guardia Civil y dos inspectores jefes de Policía Nacional) ha mantenido ya una reunión preparatoria en Kiev con representantes de la Fiscalía ucraniana para fijar los términos de colaboración y precisar las zonas de despliegue de los dos equipos.
Estos equipos, integrados por entre seis y siete especialistas de Policía Nacional y de Guardia Civil cada uno, trabajarán al lado de investigadores y fiscales ucranianos en la recogida de pruebas que podrán ser incorporadas en los procesos judiciales abiertos en Ucrania y servirán para identificar a las víctimas de posibles actuaciones contrarias al Derecho internacional.