A medida que la confusión y el alboroto invaden la escena política colombiana, ciertos medios de comunicación parecen llevar a cabo una preocupante táctica de distracción. Un importante escándalo que rodea a figuras prominentes como Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, Laura Sarabia, jefa de Gabinete de Presidencia, y el propio presidente Gustavo Petro, está siendo sospechosamente minimizado en la cobertura de noticias.
Las grabaciones, que sugieren una posible financiación irregular de la campaña que llevó a Petro a la presidencia, han desatado un torrente de preguntas y conmociones en la opinión pública. Sin embargo, parece que en lugar de aportar luz sobre esta oscura situación, algunos medios prefieren desviar la atención hacia antiguos escándalos.
Hace casi una década, las grabaciones realizadas por Daniel Garcia Arizabaleta al entonces candidato a presidente, Oscar Ivan Zuluaga en 2014, se convirtieron en el epicentro de la controversia política. La sospecha de financiación por parte de la empresa brasileña Odebrecht hacia el ganador de esa contienda, Juan Manuel Santos, aún genera dudas. Sin embargo, insistir en ese tema en lugar de abordar los desafíos presentes se asemeja a una estrategia de desviación.
La responsabilidad de los medios en una democracia va más allá de informar. Es su deber presentar una imagen imparcial y precisa de los hechos, sin importar lo incómodo o inconveniente que esto pueda ser para las figuras poderosas. Al omitir o minimizar la cobertura de un escándalo tan serio, se está cometiendo un grave atentado contra la transparencia y la rendición de cuentas.
La figura de Armando Benedetti, por ejemplo, quien sirvió como embajador en Venezuela, es clave en este entramado. Su rol en las grabaciones y su posible conocimiento o participación en la financiación irregular de la campaña de Petro, merecen un examen minucioso.
De igual manera, Laura Sarabia y el propio Petro no deben ser protegidos por un velo de silencio mediático. Si están implicados en irregularidades, la verdad debe salir a la luz y se deben enfrentar a las consecuencias. Para que una democracia funcione de manera efectiva, nadie puede estar por encima de la ley.
A la luz de estos hechos, es crucial que los medios de comunicación colombianos reconsideren su postura. Deben trascender las tácticas de distracción y afrontar la realidad de la corrupción política, por dura que sea. Solo de esta manera se puede mantener la integridad de nuestro sistema democrático y reafirmar la confianza del público en la prensa libre.
El desvío de atención hacia antiguos escándalos, en lugar de abordar los problemas actuales, no hace más que perpetuar un ciclo de desinformación y desconfianza. Es hora de que los medios de comunicación se enfrenten a la realidad de su papel en la sociedad colombiana y se comprometan a ser los guardianes de la verdad que prometen ser.
Los colombianos merecen un periodismo valiente e intransigente que destape la corrupción, sin importar quién esté involucrado. Colombia no puede permitirse la perpetuación de la impunidad. Por ello, instamos a los medios de comunicación a tomar una postura firme y a brindar una cobertura completa y honesta de este escándalo. El futuro de nuestra democracia depende de ello.