La Comisión Europea ha expresado que no detecta conflictos entre la propuesta de ley de amnistía y los principios y normas comunitarios, considerándola un asunto doméstico. Según fuentes comunitarias, las principales preocupaciones sobre el impacto en los intereses financieros de la UE y el Estado de Derecho se disiparon al excluirse casos de ‘lawfare‘. Sin embargo, señalan que el análisis del texto continúa antes de emitir una opinión formal.
El PP exige una respuesta de la UE ante la «amnistía masiva» propuesta por el Gobierno de Sánchez
Las fuentes explican que el artículo 2 de la propuesta excluye del ámbito de la amnistía los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
Respecto al ‘lawfare‘, aunque no se menciona explícitamente, limita los actos amnistiados al «proceso independentista», excluyendo delitos como blanqueo de capitales, organización criminal o falsedad documental.
La Comisión Europea destaca que, al tratarse de un acuerdo político entre partidos, como el suscrito por el PSOE y Junts, no cae bajo su jurisdicción, aclarando que su intervención sería necesaria solo en casos legislativos específicos. Subrayan que la propuesta es un asunto nacional y su evaluación corresponde a las autoridades nacionales, desde el Parlamento hasta el Tribunal Constitucional.