La Corte Suprema de Estados Unidos ha determinado que la prohibición de poseer armas para individuos condenados por violencia de género no infringe la Segunda Enmienda de la Constitución de 1791, confirmando así la validez de la norma.
Con ocho votos a favor y uno en contra, el Supremo ha concluido que «un individuo al cual un tribunal considere que representa una amenaza creíble a la seguridad física de otro puede ser desarmado temporalmente de conformidad con la segunda enmienda». Así lo expresó en el fallo el presidente del Tribunal, John Roberts.
Esta decisión revoca el amparo legal de Zackey Rahimi, arrestado por amenazar a su pareja con un arma a pesar de tener una orden de alejamiento por violencia doméstica. Rahimi contaba con el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle y la Fundación Segunda Enmienda, además de haber recibido apoyo de tribunales de menor instancia.
Implicaciones de la decisión sobre las armas para la legislación federal
El fallo del Supremo podría impulsar cambios en las regulaciones federales sobre armas de fuego, especialmente tras la ampliación de derechos en esta materia que realizó el Tribunal en 2022. En aquella ocasión, el Tribunal anuló una ley centenaria de Nueva York que prohibía portar armas en público. Ahora, la cuestión central era determinar si esta nueva prohibición estaba en línea con la Segunda Enmienda, que protege el derecho a portar armas, incluso si se considera que el individuo es peligroso, o si se pueden establecer restricciones en ciertos casos.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha afirmado que esta decisión «protege a las víctimas al mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas que representan una amenaza para sus parejas íntimas e hijos». Describió la prohibición como una medida «de sentido común» y consistente con la historia de la «Segunda Enmienda».
Reacciones de la administración Biden
El presidente Joe Biden ha celebrado el fallo del Tribunal, destacando que seguirá presionando al Congreso para fortalecer las protecciones para las víctimas de violencia de género. Según Biden, la decisión asegura una «protección esencial» y subraya que «nadie debería tener que preocuparse por si su abusador posee un arma».
En un país profundamente dividido sobre cómo abordar el control de armas, el Tribunal Supremo ha tendido a expandir los derechos de posesión y uso de armas. No obstante, los defensores de Zackey Rahimi argumentan que los tribunales a menudo emiten órdenes de restricción con demasiada facilidad, limitando un derecho constitucional que podría incluir a personas condenadas por violencia de género.