Este miércoles, la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Barrera Coronado, decidió suspender el procedimiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por su defensa. Este recurso fue admitido en virtud de una providencia anterior del Tribunal Superior de Bogotá, y su base principal es la posible incorrecta formulación de la acusación en términos de dolo eventual y dolo directo. Este, junto con otros movimientos legales han retrasado el avance del juicio, acercando cada vez más el caso a la prescripción de los delitos en octubre de 2025
El contexto judicial del caso contra Álvaro Uribe
El caso contra Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los más mediáticos y complejos en la historia judicial reciente de Colombia. Acusado de manipulación de testigos y fraude procesal, el expresidente ha utilizado todas las herramientas legales a su disposición para defenderse, como la reciente apelación que ha resultado en la suspensión del procedimiento judicial. Este recurso se fundamenta en la diferencia entre dolo eventual y dolo directo, un tema técnico pero crucial en el derecho penal colombiano.
Dolo eventual vs. dolo directo
La distinción entre dolo eventual y dolo directo es fundamental en este caso. El dolo directo implica que el autor del delito tiene la intención clara y definida de cometer el acto ilícito. En cambio, el dolo eventual ocurre cuando el autor no tiene la intención directa de cometer el delito, pero acepta la posibilidad de que su conducta puede causar un resultado ilícito. La defensa de Uribe ha argumentado que la acusación no especifica correctamente esta distinción, lo cual, según ellos, invalida el proceso judicial.
La resolución del Tribunal Superior
El Tribunal Superior de Bogotá admitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Uribe, suspendiendo así el procedimiento judicial hasta que se resuelva este recurso. Esta decisión, además de paralizar el proceso, incrementa las posibilidades de que los delitos imputados prescriban en octubre de 2025. La estrategia de la defensa se centra en dilatar el proceso lo suficiente para que se alcance la prescripción, evitando así una sentencia condenatoria.
Implicaciones para la justicia colombiana
La suspensión del proceso y la posibilidad de prescripción de los delitos ha genera gran descontento entre las víctimas y parte de la sociedad colombiana, reflejando la percepción de que el sistema judicial puede ser manipulado por quienes tienen los recursos y el poder para hacerlo, minando la confianza en las instituciones y en la justicia del país. La Fiscalía y la Procuraduría, aunque insisten en la importancia de llevar a cabo el juicio para revelar la verdad, se enfrentan a un camino cada vez más complicado para lograrlo.
Enfado de las víctimas
Las víctimas en este caso, testigos y personas afectadas por las supuestas manipulaciones y amenazas, han manifestado su frustración y enojo, mientras ven cómo las tácticas legales y las dilaciones procesales les arrebatan la posibilidad de que se haga justicia. Estas personas, que han vivido bajo amenazas y presiones, sienten que el sistema judicial no solo no las protege, sino que favorece a quienes tienen el poder para prolongar indefinidamente los procesos.
Estrategias de la defensa: hacia la impunidad
La defensa de Uribe ha utilizado una estrategia meticulosa y bien planificada para asegurar la suspensión del juicio. Argumentos técnicos y apelaciones constantes han logrado frenar el avance del proceso judicial. Con esta táctica, además de ganar tiempo, les brinda la oportunidad de crear un entramado legal que sea difícil de desmontar para los fiscales y jueces. La intención es clara: evitar a toda costa una sentencia condenatoria, apostando por la caducidad de los delitos.
Plazos de caducidad
El plazo de caducidad de los delitos imputados a Uribe vence en octubre de 2025. Si para entonces no se ha logrado una sentencia, los delitos prescribirán y el expresidente quedará libre de cargos. Este escenario es cada vez más probable dada la suspensión actual y las posibles futuras apelaciones que podría interponer la defensa. El reloj sigue corriendo y cada día que pasa sin avances en el juicio es una victoria para la estrategia de dilación.
Casos de esta índole son una muestra de los desafíos y debilidades del sistema judicial colombiano; mientras la defensa del expresidente Álvaro Uribe celebra la suspensión del procedimiento como una victoria, las víctimas y parte de la sociedad colombiana ven con preocupación cómo la justicia parece alejarse de ellos. La verdad material de los hechos está cada vez más en el aire, y el fantasma de la impunidad se cierne sobre uno de los casos más polémicos de la política y la justicia en Colombia. La defensa ha demostrado su habilidad para manejar el sistema a su favor, pero a costa de la confianza pública en la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas. Concluyo el artículo citando a mi admirado Daniel Samper Ospina, como él dice «Solo en Circombia».