Más de una semana después de las elecciones presidenciales del domingo, 28 de julio, en Venezuela, la organización no gubernamental por los derechos humanos, Foro Penal, ha confirmado 11 muertos y 1010 arrestos verificados e identificados como consecuencia a la persecución del régimen dictatorial de Nicolás Maduro a manifestantes.
Seguidamente del anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se dictó a Maduro como presidente electo sin presentación de actas de escrutinio completas, surgieron protestas en los diferentes estados del país y la capital de Caracas. En ellas, los ciudadanos demandan que se haga respetar la voluntad reflejada en los votos, los cuales resultan en la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.
Desde entonces, el comando de campaña Con Vzla de la líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado, ha obtenido el 81,85% de las actas que reflejan las cifras oficiales del resultado electoral. Estas cifras otorgan a González Urrutia el 67% de los votos, específicamente, 7.173.152 votos, en contraste al 30% obtenido por Maduro, es decir, 3.250.424. Además, su equipo ha puesto a disposición de toda la comunidad internacional el portal web de https://resultadosconvzla.com para la revisión oficial de quien lo desee.
“Es preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura”
Esta frase fue expresada por uno de los manifestantes al ser entrevistado por medios de comunicación en una de las protestas pacíficas en la ciudad caraqueña. Cinco de las muertes ocurrieron en Caracas, dos en el estado Zulia, dos en Yaracuy, 1 en Aragua y 1 adicional en Táchira. De la totalidad de arrestos, 91 de los detenidos son adolescentes.
A raíz del fraude electoral, se han derribado alrededor de 6 estatuas del ex-presidente, Hugo Chávez, como demostración de la injusticia e impotencia que siente el pueblo venezolano. Sólo permanece erigida una estatua en el estado de Nueva Esparta, la cual ahora protegen un aproximado de cien militares. Jovani Romero, uno de los jóvenes que abatió la estatua ubicada en Coro, estado Falcón, fue identificado, perseguido y arrestado. Su familia desconoce su estado de salud y ubicación.
Adicionalmente, existen reportes de que miembros del comando de campaña, coordinadores, opositores y testigos de mesa han sido secuestrados por funcionarios policiales, entre ellos Freddy Superlano, Ricardo Estevez, Guido Romano, Denni León y Daniel José Rojas Muñoz, un joven sordomudo.
Varios ciudadanos también relatan haber sido detenidos en la calle por policías que solicitan verificar los dispositivos telefónicos personales sin ninguna orden para encontrar pruebas de “mensajes de odio” y emitir arrestos.
Denuncia a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional
El presidente venezolano también ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por detenciones, desapariciones forzadas y torturas a manifestantes que reclaman en las calles, alegando un fraude electoral. La denuncia fue presentada por el abogado colombiano Germán Calderón, quien señaló que la Corte Penal Internacional tiene la competencia para investigar al líder del régimen chavista por las acciones cometidas contra la población civil y opositores.
El abogado justificó la acción judicial interpuesta, citando que la corte tiene el poder de intervenir en los países que forman parte del Estatuto de Roma, al cual Venezuela está suscrito y ratificado, lo que permite la investigación y sanción por parte de esta corporación.
El documento de la denuncia consta de siete páginas, en las cuales Calderón recopila registros de prensa y publicaciones en redes sociales que evidencian que las fuerzas del Estado han retenido a representantes de la oposición durante las protestas por el fraude electoral. Debido a la evidencia existente en contra de Maduro por orquestar estas acciones, la denuncia solicita a la Corte Penal Internacional aplicar todas las medidas para investigar al presidente de Venezuela.
Como justificación por las detenciones y secuestros, Maduro y demás figuras reconocidas de la dictadura como Diosdado Cabello, Tarek William Saab y Jorge Rodríguez, han declarado a estos jóvenes como “incitadores al odio, fascistas, malandros y terroristas”.