Un equipo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado serias preocupaciones sobre la falta de transparencia e integridad en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio.
Según su evaluación, el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de organizar el proceso, no implementó las «medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles».
El CNE anunció los resultados los días 29 de julio y 2 de agosto, proclamando la victoria del presidente de Nicolás Maduro. Sin embargo, el panel de expertos de la ONU criticó que las actas de los colegios electorales no se hayan hecho públicas, señalando que «el anuncio de los resultados electorales sin la publicación de los detalles no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas», como se detalla en un informe al que han tenido acceso medios internacionales.
Por otro lado, los expertos mencionaron que las actas electorales recolectadas por la oposición, que dan como ganador al opositor Edmundo González Urrutia, parecen ser auténticas y «exhiben todas las características de seguridad de los protocolos de resultados originales», según una muestra revisada por el panel. A pesar de esto, el gobierno venezolano ha desestimado estas actas, alegando que son documentos falsificados.
Además, el informe aborda la denuncia presentada por Maduro el 31 de julio ante la Cámara Electoral de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en la que solicitó una revisión detallada del proceso electoral. Aunque se anunció que se llevaría a cabo un proceso de verificación de los documentos presentados por el CNE, los expertos señalan que hasta el momento no se ha proporcionado información detallada sobre el desarrollo de dicha verificación.
El informe también destaca que, entre el 29 de julio y el 2 de agosto, se registraron protestas que resultaron en la muerte de más de 20 personas, incluido un soldado, y más de 1.000 detenciones, cifras que «han seguido aumentando». Asimismo, se recibieron informes sobre amenazas e intimidaciones dirigidas a miembros de partidos políticos y funcionarios electorales.
El grupo de expertos, que estuvo en Venezuela desde finales de junio hasta el 2 de agosto, fue invitado por el CNE y aclaró que su presencia no constituía una misión oficial de observación electoral, por lo que no tenía la intención de emitir un juicio público sobre los resultados de las elecciones.
Respuesta del Gobierno venezolano
En respuesta a las críticas del panel de la ONU, el gobierno de Venezuela acusó al grupo de expertos de difundir «una serie de mentiras», afirmando que el panel violó «los propios términos de referencia suscritos con el Poder Electoral» al publicar un informe preliminar, en lugar de esperar a la versión final que se enviará de manera confidencial al secretario general de la ONU, António Guterres.
El gobierno venezolano también acusó al panel de haber mantenido «contactos directos» con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, sugiriendo que esto compromete la imparcialidad del informe.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, fue aún más crítico, calificando al panel de expertos de la ONU como «basura» y proponiendo una reforma de las leyes electorales de Venezuela para prohibir la observación internacional en futuros procesos electorales. «Hagamos una reforma de las leyes electorales de este país para que nunca más ningún extranjero venga a tomar decisión sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela», aseguró.
Cambios legislativos en Venezuela
En paralelo, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó recientemente un proyecto de ley que incluye la posibilidad de disolver judicialmente a cualquier organización no gubernamental (ONG) que infrinja las disposiciones legales. Esta medida, destinada a supervisar la actividad y financiación de las ONG, asigna a los tribunales de primera instancia en materia civil la responsabilidad de dictar la disolución de estas organizaciones, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso.
El proyecto de ley también prohíbe a las ONG recibir o realizar aportes económicos para organizaciones políticas, así como participar en actividades partidistas o promover el fascismo, la intolerancia o el odio.
Reacciones de la oposición
La líder opositora María Corina Machado, por su parte, acusó a Maduro de fomentar la desconfianza entre los ciudadanos, incitándolos a convertirse en «enemigos unos de otros» mediante denuncias mutuas. Según Machado, el gobierno busca crear un ambiente de desconfianza y traición en las comunidades, pero aseguró que estos esfuerzos no tendrán éxito. La opositora también destacó la importancia de la organización ciudadana en la recolección de actas electorales, que según ella, prueban la victoria de Edmundo González Urrutia.
Machado instó a los venezolanos a mantenerse organizados y a superar el miedo para continuar resistiendo al gobierno, subrayando el papel crucial de las organizaciones ciudadanas en la lucha por la democracia en Venezuela.