Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Venezuela, declaró este lunes que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales, aprobada por el Parlamento, representa un “peligroso instrumento de censura”.
“Rechazamos la aprobación de la Ley de Fiscalización de las ONG (…) es un peligroso instrumento de censura y arbitrariedad que atenta contra los derechos humanos y dificulta nuestro camino hacia una transición democrática”, expresó el representante de la oposición a través de su cuenta en X.
El Parlamento venezolano, controlado por el régimen chavista, aprobó el jueves, 15 de agosto, una ley que supone la ruptura judicial de las ONG que incumplan las disposiciones establecidas en dicha normativa.
Según la nueva ley, las ONG no pueden recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas ni realizar contribuciones económicas a estas, además de ser censuradas por promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
Ana Piquer, directora para las Américas de la ONG por los derechos humanos en el Reino Unido, Amnistía Internacional, denunció que esta ley “viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, siendo una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes defienden los Derechos Humanos en Venezuela”.
Piquer afirmó que “es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política represiva de las autoridades venezolanas, que pretende silenciar a quienes han denunciado durante años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sistemáticas por parte del gobierno”.
“La aprobación de esta ley pone en peligro la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos, con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de manera desproporcionada y hasta ilegalizarlas arbitrariamente”, señaló la directora.
Amnistía Internacional subrayó que en la actual crisis postelectoral, las organizaciones de Derechos Humanos han estado a la vanguardia en la “denuncia de decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos del gobierno de Nicolás Maduro.”
“La pretensión detrás de la aprobación de esta ley es evitar que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de ofrecer y denunciando la compleja crisis humanitaria en la que se encuentra el país”, concluyó.