El Parlamento iraquí está tramitando una controvertida iniciativa legislativa que podría permitir el matrimonio de niñas a partir de los 9 años, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres en el país. Esta propuesta, que ha generado una fuerte oposición, socavaría el principio de igualdad de género y devolvería el control de asuntos como el matrimonio, el divorcio y la herencia a las autoridades religiosas.
La organización Human Rights Watch (HRW) ha advertido que la aprobación de esta enmienda tendría «efectos desastrosos» para los derechos de las mujeres y niñas en Irak. Según HRW, esta ley permitiría a las parejas elegir si desean que su matrimonio sea regido por la Ley del Estatuto Personal o por una escuela islámica específica de jurisprudencia. Esto podría legalizar el matrimonio infantil y eliminar las protecciones legales para las mujeres en temas de divorcio y herencia.
Esta enmienda, la tercera de su tipo después de intentos fallidos en 2014 y 2017, permitiría que niñas de tan solo 9 años y niños de 15 años pudieran casarse bajo la escuela de derecho Jaafari, seguida por muchos chiíes en Irak. Actualmente, la Ley del Estatuto Personal establece la edad mínima para casarse en 18 años, o 15 con el permiso de un juez, lo que ya contraviene las normas internacionales.
HRW también ha señalado que la propuesta eliminaría las penas penales para los matrimonios no registrados, es decir, aquellos que no están reconocidos oficialmente por los tribunales, pero que podrían ser validados por líderes religiosos. Este cambio representaría un retroceso significativo en los derechos de las mujeres, dejando a muchas en una situación vulnerable y sin acceso a la justicia.
La investigadora de HRW, Sarah Sanbar, ha enfatizado que legalizar el matrimonio infantil privaría a las niñas de su futuro y bienestar, y ha instado a los legisladores iraquíes a rechazar esta enmienda para proteger los derechos de las mujeres y niñas del país.
Irak, un país con una creciente islamización, ha visto en los últimos años un retroceso en los derechos de las mujeres. Aunque la Constitución de 2003 reserva un 25% de los escaños parlamentarios para mujeres, su influencia en la legislación es limitada, lo que dificulta frenar iniciativas como la que actualmente se debate.