El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, bajo el control del gobierno chavista, ha confirmado la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, consolidando así el apoyo institucional al oficialismo. Este fallo asegura a Maduro un nuevo mandato de seis años, que dará inicio en enero.
Desde las elecciones, marcadas por protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 23 muertos y 2.400 detenciones según la ONU, el gobierno de Maduro ha intensificado las medidas que la oposición, organizaciones de derechos humanos y sindicatos califican como una campaña de represión contra la disidencia.
Algunas de estas medidas son la detención de opositores y manifestantes, la apertura de investigaciones contra líderes opositores acusados de incitar a los militares a cometer delitos, la aprobación de nuevas normativas que aumentan el control sobre las ONG, y la forzada renuncia de empleados estatales sospechosos de apoyar a la oposición.
Mientras tanto, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, afirmó que «el Tribunal Supremo ha revisado el material entregado por la autoridad electoral y coincide en que Maduro ganó las elecciones», añadiendo que la decisión es inapelable. La ONU ha reiterado sus preocupaciones sobre la «falta de independencia e imparcialidad» del tribunal y la autoridad electoral.
El gobierno venezolano considera que con esta sentencia se cierran las denuncias de fraude relacionadas con las elecciones del 28 de julio. En declaraciones al canal estatal VTV, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo que el fallo del TSJ «cierra un capítulo», aunque tanto dentro como fuera del país persisten las críticas sobre la imparcialidad del tribunal, que está dominado por jueces afines al chavismo. Gil destacó que «ha triunfado la Constitución, el Estado de derecho, las instituciones».
Aunque la autoridad electoral afirmó desde la noche de las elecciones que Maduro obtuvo poco más de la mitad de los votos, los resultados completos no han sido publicados. Por su parte, la oposición ha difundido en internet datos que aseguran provienen del 83% de las máquinas de votación, y que muestran un apoyo del 67% para su candidato, Edmundo González.
A pesar de la ratificación del TSJ, la oposición ha desestimado la sentencia, calificándola de «parcial» y controlada por Maduro. Edmundo González Urrutia expresó en la red social X que «ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular» y criticó la decisión del tribunal, advirtiendo que «solo agravará la crisis».
Tras conocer la sentencia, González reafirmó su postura, señalando que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo» y que «los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos». Anteriormente, González había decidido no asistir a la citación del recuento solicitado por Maduro, argumentando que el TSJ, aunque constitucionalmente independiente, actúa como un brazo del partido gobernante.
La presidenta del TSJ calificó la incomparecencia de González y la falta de entrega de copias por parte de la oposición como «una flagrante falta de respeto», y advirtió que esto podría acarrear sanciones, aunque no especificó de qué tipo.
En el ámbito internacional, varios países de la Unión Europea, Estados Unidos y algunas naciones latinoamericanas, habían solicitado la publicación y verificación imparcial de los resultados electorales. Sin embargo, esta petición no fue atendida. El canciller uruguayo expresó su escepticismo sobre el fallo del TSJ, y el presidente chileno, Gabriel Boric, fue más contundente al declarar que la decisión «termina de consolidar el fraude» y calificó al gobierno venezolano como «una dictadura que falsea elecciones».
A pesar de la presión internacional, incluyendo una iniciativa de Estados Unidos que podría sancionar a unos 60 funcionarios venezolanos, la mayoría de las propuestas para resolver la crisis política en Venezuela han sido desestimadas por el gobierno, la oposición, o ambos.