“Convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela para el período constitucional 2025-2031”.
Con estas palabras, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, confirmó este jueves el “triunfo” de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, validando los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Siguiendo el manual chavista que da vida a las denominadas dictaduras del siglo XXI, el régimen de Maduro opta por utilizar las instituciones políticas preexistentes para legitimar su eterna estancia en el poder, intentando disfrazar la dictadura venezolana con la celebración de un juicio que constituye una gran puesta en escena.
Así, el órgano judicial, que debe lealtad máxima al chavismo, asegura haber alcanzado una conclusión “inequívoca e irrestricta” tras la revisión y el peritaje de todo el “material electoral”. “Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje, podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Estas actas mantienen plena coincidencia con la base de datos de los centros nacionales de totalización”, dijo la magistrada Rodríguez.
Una revisión de resultados que reúne todas las irregularidades, ya que, según las leyes venezolanas, la denominada “sala electoral” no tiene competencia ante el recurso contencioso que introdujo Maduro. Sin mencionar que la sentencia se produce 22 días después de la solicitud del proceso, en un intento desesperado por legitimar el fraude electoral sin precedentes ejecutado por la narco-cúpula chavista.
No obstante, más allá de las evidentes irregularidades, hay una pregunta que hoy se hacen todos los venezolanos: ¿dónde están las actas peritadas? ¿Por qué no las muestran? A este respecto, la magistrada, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que todo el “material electoral” consignado por otras organizaciones políticas quedará “en resguardo” de esa instancia e instó al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados de las elecciones.
Asimismo, el tribunal destacó la ausencia del candidato opositor Edmundo González Urrutia y señaló que el mismo “desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial”, acusándolo de “delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”; cargos que aseguró remitirán “de manera urgente” al fiscal general chavista Tarek William Saab para que los incorpore a las investigaciones contra la oposición.
El TSJ responde a las críticas de la comunidad internacional y compara la situación electoral de Venezuela con “antecedentes similares” en México, Brasil y EEUU
Durante su declaración, Caryslia Rodríguez intentó justificar la competencia del TSJ frente a la resolución del fraude electoral venezolano, comparando su intervención con las resoluciones dictadas por el poder judicial de México, Brasil y Estados Unidos en históricas elecciones presidenciales. “Otras naciones, en el ejercicio soberano de su jurisdicción, han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales, como ha sido el caso de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló la presidenta del tribunal.
Además, Rodríguez aprovechó la ocasión para cargar sutilmente en contra del presidente brasileño Lula, quien solía ser uno de los grandes aliados del chavismo, pero que hoy no reconoce el triunfo de Maduro frente al candidato opositor Edmundo González. “De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre de 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral, que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contenciosa electoral”, dijo la antigua candidata a Concejal del PSUV.
Una comparación que, en lugar de respaldar la resolución emitida, no hace sino dejar en evidencia el desespero y la incongruencia propia del régimen venezolano, que aboga siempre por la soberanía nacional y la no interferencia, pero que, cuando le conviene, recurre a la comparación con el extranjero; intentando disfrazar la falta de autonomía del tribunal con las “políticas imperialistas” que tanto critican.
La UE insta a la comunidad internacional a mantener su exigencia de verificación de los resultados
En las horas previas a la emisión de la resolución del TSJ, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, advertía ya que la UE no va a reconocer la presidencia de Maduro hasta que no se muestren las actas. “Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar, y por el momento no son verificables”, pronunció Borrell.
El representante europeo señaló también que Maduro “ha apelado a los tribunales para que le defiendan, que ya es el colmo del sarcasmo”, destacando que la función del Tribunal Supremo “no es contar los resultados electorales, porque quien tiene que contar los resultados electorales es el Consejo Electoral”.
Además de las declaraciones de Borrell, la UE ha emitido un comunicado conjunto mediante el cual los 21 países firmantes denuncian la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen chavista. “Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición”, suscribe el comunicado.