El Departamento de Tesorería de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones a 16 funcionarios venezolanos alineados con el dictador Nicolás Maduro como respuesta al fraude electoral y consecuente represión cometidas por su gobierno hacia la oposición y ciudadanos del país latinoamericano.
El comunicado de prensa viene después de que el candidato opositor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reconocido como Presidente Electo por Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional, Edmundo González Urrutia, huyera a España después de que el gobierno madurista emitiera una orden de arresto en su contra.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa», declaró el subsecretario de Tesorería, Wally Adeyemo. “El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de la victoria de Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, ya que la abrumadora mayoría de los venezolanos llaman al cambio. La administración Biden-Harris continuará usando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
En cuanto al listado de funcionarios, se encuentran registrados la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, la directora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rosalba Gil, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante. La lista incluye a otros vinculados a las elecciones, así como a funcionarios militares y de inteligencia acusados de represión posterior a las elecciones, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Elvis Amoroso. El listado completo se encuentra disponible a través de la página web del Departamento del Tesoro.
En primera instancia, el Secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Washington también estaba imponiendo restricciones de visado a un número no especificado de funcionarios “alineados con Maduro”. Con estas restricciones de visado recientemente impuestas, casi 2.000 personas han estado sujetas a restricciones de visado por su papel en socavar la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos.
A pesar de estas medidas, Estados Unidos no ha anunciado nuevas acciones contra el sector energético vital del país petrolero, que ya se encuentra bajo fuertes sanciones estadounidenses, lo cual pone en duda impacto de las nuevas sanciones.
Como respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, dijo en un mensaje a través de Telegram (ya que Maduro públicamente rechazó las redes sociales como Tik Tok, Instagram, X y WhatsApp) que su gobierno rechazó lo que considera un “nuevo delito de agresión de los Estados Unidos contra Venezuela al imponer medidas unilateralmente coercitivas, ilegítimas e ilegales a los funcionarios del estado”.
Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a más de 2.000 venezolanos por ejercer sus derechos políticos y libertad de expresión y han desplegado una serie de tácticas de intimidación y violencia para silenciar a la oposición.
¿Qué implican las sanciones para estos funcionarios?
Como resultado de las restricciones, “todas las propiedades e intereses en propiedad de las personas designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50% o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada (…) Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para hacer que las personas estadounidenses violen a sabiendas o involuntariamente las sanciones estadounidenses, así como participar en una conducta que evada las sanciones estadounidenses”, lee su declaración oficial.
Las instituciones financieras que participen en transacciones y demás actividades con los sancionados también pueden verse expuestos a penalizaciones. Según la tesorería, “el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento”.