La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, se enfrenta a un juicio en el Tribunal correccional de París acusada de malversación de fondos relacionados con el uso indebido de asistentes parlamentarios durante su etapa en el Parlamento Europeo. Le Pen, junto con otros 26 miembros de su partido, ha admitido no haber realizado el cambio contractual de su asistente, lo que ha desencadenado la investigación judicial.
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Acusación de malversación en el Parlamento Europeo
A Le Pen y a los otros acusados se les reprocha haber utilizado a sus asistentes parlamentarios para labores dentro del partido, en lugar de las funciones propias de la Cámara Europea, lo que violaría las normativas del Parlamento. Marine Le Pen ha defendido que no percibe diferencias entre el trabajo de un diputado nacional y uno europeo, argumentando que «en ambos casos, se trata de hacer política».
En el centro de la acusación está Catherine Griset, quien trabajó como asistente de Le Pen entre 2010 y 2016. Le Pen ha explicado que en 2015, Griset le pidió dejar de figurar como asistente permanente debido a razones personales. Aunque accedió a la solicitud, la líder ultraderechista nunca formalizó el cambio de estatus debido a la falta de presupuesto, lo que prolongó su situación irregular en el Parlamento Europeo.
Consecuencias legales y políticas
El delito de malversación de fondos al que se enfrenta Marine Le Pen podría conllevar una pena de hasta 10 años de cárcel, una multa de un millón de euros y una inhabilitación de 10 años. Esto la dejaría fuera de la carrera electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Durante el juicio, Le Pen ha negado las acusaciones, asegurando que Griset trabajó para ella de manera efectiva, gestionando su correspondencia y desplazamientos. Sin embargo, la investigación del Parlamento Europeo reveló que entre octubre de 2014 y agosto de 2015, Griset apenas trabajó 12 horas en la institución, a pesar de recibir un salario mensual de 3.206 euros.
Impacto en el partido Agrupación Nacional
El Parlamento Europeo estima que los presuntos delitos han causado un daño de 3,5 millones de euros, y ha señalado que los fondos asignados a los eurodiputados no pueden ser utilizados para financiar actividades del partido. Tanto Le Pen como sus coacusados niegan haber cometido irregularidades, afirmando que las acusaciones se basan en una interpretación demasiado estricta de las funciones de un asistente parlamentario.
Si Le Pen es absuelta, ganaría una mayor credibilidad política, tanto para ella como para su partido, que ha intentado distanciarse de la imagen de racismo y antisemitismo asociada a su fundador, Jean-Marie Le Pen, y así proyectar una imagen renovada de cara a futuras contiendas electorales.