Este jueves, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, mantuvieron un profundo debate sobre la migración en todas sus dimensiones y a través de todas las rutas, en el que pidieron, entre otras cosas, una “acción decidida para aumentar y acelerar los retornos desde la UE” y realizaron un llamado para “presentar rápidamente una nueva propuesta legislativa sobre retornos”, según recoge el papel de las conclusiones de la reunión. Igualmente, destacaron la importancia de aplicar la legislación vigente de migración y asilo para abordar los desafíos actuales.
El camino que ha tomado el debate, demuestra cómo las políticas implementadas desde Italia en materia de migración, van tomando fuerza en el discurso europeo, que se orienta a la deportación de los migrantes que llegan a suelo europeo a centros de acogida en países fuera de la UE o la implementación de sanciones a los países que no cooperen con el retorno de los migrantes.
«La migración es un desafío europeo que requiere una respuesta europea. Debemos fortalecer la implementación de nuestro enfoque integral», ha escrito en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para comunicar el acuerdo al que llegaron los 27 líderes de la UE.
Entre las soluciones a las que se comprometieron está fortalecer las relaciones con los países de origen y tránsito de los migrantes irregulares, luchar contra las mafias que controlan el movimiento migratorio ilegal, implementar un mejor control de las fronteras, implementar políticas de retorno eficaces y generar leyes que favorezcan la buena implementación del sistema.
Minicumbre previa sobre crisis migratoria en la UE
Antes de la reunión de los 27 en el Consejo Europeo, se celebró una minicumbre para fijar posición sobre el tema migratorio, impulsada por Italia, Dinamarca y Países Bajos, con una clara intención de dirigir el debate general por la ruta fijada por la derecha europea.
En el encuentro, al que Ursula von der Leyen anunció el miércoles que se uniría, se encontraban los líderes de Austria, Chipre, Grecia, Malta, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría. Estos 11 países, fijan posición común ante el tema, con la intención de ir sumando a más países en su línea de acción.
El lunes, la presidenta Ursula von der Leyen ha respaldado esta iniciativa mediante una carta enviada a los líderes europeos, destacando la importancia de aprender del modelo implementado por el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia, que permite la reubicación de migrantes rescatados en aguas italianas a Albania.
Von der Leyen ha instado a los países miembros a reflexionar sobre la posibilidad de establecer centros de deportación en naciones ajenas, donde se tramitarían las expulsiones de migrantes irregulares, aunque ha admitido que hay muchas «preguntas abiertas» sobre estos posibles centros de retorno, como «cuánto tiempo puede estar la gente allí o qué haces si un retorno no es posible».
En esta misma línea, la jefa del Ejecutivo comunitario propuso considerar sanciones comerciales y restricciones de visados para aquellos países que se nieguen a aceptar los retornos, enfatizando la necesidad de un enfoque más riguroso en la gestión migratoria.
Posiciones a favor y encontra de los centros de deportación en el debate sobre crisis migratoria en la UE
La propuesta de establecer centros de deportación en países terceros, destinados a trasladar a migrantes llegados a la Unión Europea sin derecho a asilo, ha sido uno de los temas centrales del debate y, aunque no logró ser incluida en las conclusiones finales del encuentro, continuará valorándose en los siguientes meses.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su firme rechazo a la creación de estos centros, argumentando que “no ataja los problemas y crea otros nuevos”. Sánchez enfatiza la necesidad de abordar la crisis migratoria de manera más integral y humana. En esta misma línea, se encuentra Alexander de Croo, el primer ministro de Bélgica, quien no cree que esta implementación sea una solución mágica.
El primer mandatario francés, Emmanuel Macron, ha mostrado escepticismo sobre la viabilidad de negociar con países terceros que acepten a migrantes que la UE no desea acoger, especialmente si esos mismos migrantes no son aceptados por sus propios países de origen.
El canciller alemán, Olaf Scholz, ha defendido que cada país de la UE debe tener la capacidad de decidir qué migrantes pueden ingresar al territorio comunitario. pero cuestionó la efectividad del modelo negociado entre Italia y Albania para su país, sugiriendo que podría no ser aplicable en un contexto más amplio como el de Alemania.