Esta semana el gobierno de Giorgia Meloni envió un grupo de 16 inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo a Albania, como parte de un acuerdo alcanzado entre ambos países para externalizar el proceso de acogida a aquellos que buscan llegar a territorio italiano, en un país fuera de la Unión Europea.
Este plan impulsado por la máxima representante del gobierno italiano, que había tenido cierta acogida en la reunión del Consejo Europeo de este jueves en la UE, ha sido revertido por la sección de Inmigración del tribunal de primera instancia de Roma, que ha declarado ilegal esta reclusión de migrantes, ordenando su regreso a Italia, ya que los países de origen de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros.
La sentencia expresa «los dos países de los que proceden los migrantes, Bangladesh y Egipto, no son seguros», basándose en un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 4 de octubre, que reza que el derecho comunitario prohíbe designar como seguro un tercer país si no lo es para todos sus ciudadanos.
Antes de este fallo final por parte del tribunal romano, se había dictado la orden de regreso de 4 de los 16 migrantes que el Gobierno italiano había enviado en un buque militar, por ser considerados vulnerables. Dos de ellos por ser menores de edad y otros dos por considerarse muy vulnerables tras haber sufrido torturas y violencia en Libia.
Italia insistirá en su plan de externalización de inmigrantes
El Gobierno italiano ha reafirmado su compromiso de continuar con el programa de externalización migratoria en Albania, a pesar del fallo del tribunal de Roma que ordenó el regreso a Italia de 12 migrantes retenidos en centros construidos por el Ejecutivo de Giorgia Meloni. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha confirmado que apelarán la sentencia y ha señalado el «desafío» de equilibrar el derecho de asilo con la necesidad de celeridad en los procedimientos.
Durante una rueda de prensa en la cumbre italo-francesa sobre migración en Ventimiglia, Piantedosi, aseguró que las iniciativas actuales se convertirán en derecho europeo a partir de 2026. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, respaldó el plan, destacando el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha mostrado interés en el modelo italiano de gestión migratoria. Tajani enfatizó la importancia de que las decisiones del Ejecutivo sean respetadas, señalando que una democracia se basa en la división de poderes.