El Gobierno de Argentina, dirigido por el presidente Javier Milei, ha dado a conocer este lunes una importante reestructuración en su sistema de recaudación de impuestos y control aduanero. A través de un comunicado oficial, la Oficina del presidente informó que se procederá a disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para dar paso a un nuevo organismo denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La medida, que se enmarca dentro de las políticas de reducción del Estado y eliminación de estructuras consideradas ineficientes, tiene como objetivo crear una entidad más simple, eficiente y con menores costos operativos. Según detalla el comunicado, ARCA contará con una estructura reducida en un 34% en comparación con la AFIP, lo que generará un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos anuales para el Estado.
Despido de 3.155 empleados
Como parte de esta decisión, el Gobierno anunció el despido de 3.155 empleados lo que representa un 15% de la actual plantilla del organismo tributario que, según el comunicado, ingresaron de manera irregular durante la administración anterior, gestionada por el expresidente Alberto Fernández.
El cambio también incluye una revisión de los altos mandos, con una reducción del 45% en las autoridades superiores y un recorte del 31% en los cargos inferiores. La nueva estructura pretende ser más eficiente y menos burocrática, alineándose con las políticas de desmantelamiento de la “burocracia innecesaria” que, según el Ejecutivo, ha frenado la libertad económica de los ciudadanos.
El comunicado subraya que la nueva agencia, ARCA, estará bajo la dirección de Florencia Misrahi, actual titular de la AFIP, quien liderará el proceso de transición. Según el Gobierno de Milei, este nuevo ente pretende mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos y combatir los circuitos corruptos que, han caracterizado la gestión del Fisco en años anteriores.
Además, como parte de las reformas iniciales, se eliminará el control de jerarquización en las aduanas y se procederá a transferir funciones a otros organismos del Ministerio de la Nación, lo que incluye la redistribución de 32 millones de pesos anuales destinados a las direcciones generales de Aduanas y otros entes relacionados con el control fiscal.