jueves, noviembre 21, 2024
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La Fiscalía de Los Ángeles solicita la reapertura del caso Menéndez por nuevas evidencias de abuso sexual

El Fiscal de Distrito de Los Ángeles recomendará mañana a la corte re-sentenciar a Erik y Lyle Menéndez dando por cumplida su condena

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La Fiscalía de Los Ángeles ha solicitado la reapertura del caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes desde 1996 cumplen una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez. La decisión final será tomada por un juez, que determinará si estas nuevas pruebas justifican una revisión de la condena.

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Nuevas evidencias de posible abuso impulsan la revisión del caso

La solicitud de reapertura del caso surge tras una detallada revisión de pruebas que podrían indicar que los hermanos fueron víctimas de abusos por parte de su padre, según ha explicado el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón. En una declaración ante la prensa, Gascón afirmó que considera necesaria una nueva sentencia, lo que podría eliminar la cadena perpetua sin libertad condicional y condenarlos nuevamente bajo otra consideración judicial.

En su comunicado, el fiscal ha manifestado que, tras evaluar las nuevas pruebas, entre las que se encuentran testimonios de abuso y una carta escrita por uno de los hermanos, llegó a la conclusión de que el caso merece una segunda oportunidad en los tribunales. En este sentido, recomendó al tribunal que se retire la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se revise la sentencia por asesinato.

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La vista judicial y el peso de las nuevas pruebas

Pese a la recomendación de la Fiscalía, será un juez quien decida si se reabre el caso Menéndez. La audiencia está programada para la última semana de noviembre, en la cual la defensa podrá exponer las evidencias del supuesto abuso físico y sexual. En la carta incluida entre las pruebas, uno de los hermanos revelaría a un familiar que estaba siendo víctima de abusos por parte de su padre, José Menéndez. También se cuenta con el testimonio de un extrabajador de la empresa del padre, quien asegura haber sido abusado por él.

El fiscal Gascón ha señalado que, en su opinión, los hermanos “han pagado su deuda con la sociedad” y que el tribunal debería considerar el impacto de las nuevas evidencias en su sentencia. La oficina fiscal de Los Ángeles hizo pública la revisión de estas pruebas el pasado 3 de octubre, lo que generó una gran expectativa entre la ciudadanía y los medios.

El histórico caso de los hermanos Menéndez

Lyle y Erik Menéndez fueron condenados en 1996 por el asesinato premeditado de sus padres el 20 de agosto de 1989 en su residencia de Beverly Hills. En aquel entonces, Lyle tenía 21 años y Erik 18, y alegaron ante las autoridades que habían encontrado a sus padres sin vida tras pasar la tarde fuera. Sin embargo, la posterior vida de lujos y excesos que llevaron levantó sospechas, ya que ambos accedieron a la herencia familiar y comenzaron a gastar grandes cantidades en coches y ropa de marca.

La investigación dio un giro cuando la novia del psicólogo de Erik informó a la policía de grabaciones en las que los hermanos admitían su implicación en el asesinato. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los hermanos cometieron el crimen para heredar la fortuna de sus padres, aunque ellos, desde el inicio, defendieron que su acto fue motivado por los abusos y el maltrato físico, emocional y sexual sufridos a manos de su padre.

Expectativa en torno a la decisión del juez

La posible reapertura del caso Menéndez ha causado una gran expectación pública y mediática. De ser aceptada, esta medida podría dar un giro a uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal estadounidense. Para algunos, la revisión del caso representa una oportunidad para que los hermanos reciban justicia, mientras que otros consideran que ya han recibido su castigo.

La audiencia en noviembre será clave para esclarecer la validez de estas nuevas pruebas de abuso y, en caso de que el juez decida reabrir el caso, podría tener consecuencias importantes en el sistema judicial y en la percepción pública de la justicia.

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