El partido venezolano Voluntad Popular ha acusado directamente al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte de Edwin Santos, uno de sus miembros prominentes en el estado de Apure. Leopoldo López, líder de la formación y ferviente opositor al régimen, afirmó que Santos fue “torturado hasta morir” y calificó el suceso como un “asesinato”, intensificando las demandas de justicia y movilización política en el país.
Santos, fundador de Voluntad Popular en Apure y locutor en Radio Fe y Alegría, fue interceptado el miércoles por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se dirigía en motocicleta hacia la comunidad de El Piñal, según el testimonio de vecinos de la zona. A pocas horas de su detención, el partido ya había denunciado su desaparición y expresado preocupación por su seguridad. Poco después, lograron confirmar que Santos estaba retenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Guasdualito; sin embargo, su cuerpo fue hallado en el puente que conecta los estados Apure y Táchira.
En un comunicado, Voluntad Popular responsabilizó del “asesinato” al “régimen de Nicolás Maduro”, apuntando específicamente a Wilmer Rodríguez, gobernador de Apure, y a José ‘Chema’ Romero, alcalde del municipio Páez, además de la cadena de mando de la DGCIM y el Sebin en la región. Asimismo, el partido exigió una investigación independiente para confirmar las causas de la muerte de Santos, subrayando que solo así “se podrán esclarecer los hechos y señalar a los verdaderos responsables”.
Leopoldo López compartió en redes sociales una imagen del cuerpo de Santos, afirmando: “Lo torturaron hasta que lo asesinaron. La dictadura no podrá ocultar su responsabilidad. No descansaremos hasta que haya justicia”.
La noticia ha generado indignación entre otros líderes de la oposición venezolana. Edmundo González, excandidato presidencial, condenó el asesinato de Santos y pidió “justicia para un joven comprometido con la democracia, su familia y su comunidad”. En una declaración conjunta con la líder opositora María Corina Machado y representantes de la Plataforma Unitaria, González reiteró su “enérgica condena al cruel asesinato de un baluarte de la lucha democrática” y solicitó una investigación “imparcial y científica”.
El comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela también instó a la misión internacional independiente de Naciones Unidas a realizar una “investigación inmediata” sobre el caso. Por su parte, la ONG Provea, una organización dedicada a los derechos humanos en Venezuela, confirmó que los familiares de Santos han recibido su cuerpo y señaló que el caso podría considerarse una “ejecución extrajudicial y un crimen de lesa humanidad”, lo cual podría involucrar a la misión de la ONU y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en las investigaciones.
De modo que la muerte de Santos se une a la larga lista de denuncias contra los servicios de seguridad del gobierno de Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales, que han sido una constante en los últimos años. No obstante, la comunidad internacional sigue observando con atención los informes de estos sucesos, mientras el panorama para la oposición venezolana parece cada vez más peligroso.