El partido opositor venezolano, Voluntad Popular, denunció el viernes el asesinato de Edwin Santos, uno de sus líderes en el estado Apure, luego de que este fuera detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Santos había sido interceptado el miércoles por la tarde mientras se desplazaba en motocicleta y, desde entonces, se encontraba desaparecido. Hasta el jueves, Voluntad Popular aseguró que existía confirmación de que Santos estaba bajo custodia en la sede del cuerpo de seguridad en Guasdualito, Apure.
El partido democrático señaló que Santos, quien era una figura local destacada, había denunciado previamente el deterioro de la infraestructura en la zona, específicamente el colapso de un puente que conecta a los estados Apure y Táchira. El cuerpo de Santos fue encontrado en esa misma estructura, lo que ha incrementado las sospechas de que su muerte pudo estar vinculada a su activismo político.
La versión oficial difundida por Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sostiene que Santos murió en un accidente de tránsito tras perder el control de su motocicleta y estrellarse contra un árbol. Rico aseguró en redes sociales que la colisión le causó graves lesiones, incluida una fractura craneal, y calificó de falsas las informaciones que señalan al gobierno como responsable de la muerte.
Sin embargo, la versión oficial ha sido ampliamente cuestionada por figuras de la oposición. Voluntad Popular acusa directamente a las fuerzas de seguridad de estar involucradas en el asesinato de Santos y afirma que testigos presenciaron su detención.
María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, se pronunció exigiendo una investigación internacional que permita esclarecer el caso y responsabilizar a los culpables. Machado denunció que el caso de Santos es parte de una tendencia creciente de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y recordó que Santos era un joven líder político y voluntario católico, padre de dos niños pequeños.
Santos también participó en la organización de las elecciones presidenciales recientes, donde la oposición ha denunciado serias irregularidades tras la declaración de la victoria del presidente Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de que la oposición asegura haber obtenido el 67% de los votos.
Foro Penal, organización no gubernamental defensora de derechos humanos, estima que hay cerca de 1.953 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos sin sentencia, lo cual se ha convertido en un tema de preocupación internacional.
La Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas ha acusado al gobierno de Maduro de represión sistemática contra los opositores, especialmente tras las elecciones, lo que ha generado un aumento de las tensiones en el país.
Ante estas denuncias, el gobierno sostiene que se trata de una campaña de presión extranjera y asegura que mantiene un aparato de defensa de derechos humanos robusto y efectivo.