La oposición en Venezuela ha denunciado el fallecimiento de Jesús Manuel Martínez Medina, quien fue detenido sin justificación el pasado 29 de julio luego de participar como testigo electoral en las elecciones presidenciales.
Su familia confirmó la noticia al medio de comunicación venezolano, El Pitazo, y Eduardo Battistini, político opositor en el exilio, también compartió la información en su cuenta en X.
Según informó la Plataforma Unitaria, Martínez perdió la vida mientras estaba bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado, como resultado de los tratos inhumanos y la falta de atención médica que padeció durante su encarcelamiento. Reportes previos indican que, debido a las condiciones infrahumanas en prisión y la ausencia de atención sanitaria adecuada, la diabetes de tipo II y problemas cardíacos que padecía se complicaron hasta causarle una necrosis, la cual obligó a la amputación de una de sus piernas.
El dirigente político de Primero Justicia expresó su pesar por el fallecimiento de Martínez en un comunicado: “Hoy nos duele profundamente anunciar la trágica muerte de Jesús Manuel Medina, un joven venezolano que fue injustamente encarcelado desde el pasado 28 de julio. Su ‘delito’ fue ejercer su derecho a ser testigo electoral”. Este pronunciamiento subrayó que Martínez fue víctima de un régimen que persigue a quienes exigen justicia y un cambio democrático.
El exfiscal Zair Mundaray había denunciado, el pasado 8 de noviembre, el deterioro de la salud de Martínez, señalando que no recibió el tratamiento necesario. Según Mundaray, Martínez desarrolló abscesos en la piel, y su madre tuvo que luchar para que se le trasladara al hospital. Finalmente, fue llevado al hospital Luis Razetti de Barcelona, donde falleció días después.
A su vez, Mundaray denunció que Martínez Medina fue negado la posibilidad de realizarse un eco necesario para evaluar la necesidad de amputarle una pierna, ya que el juez no había autorizado la orden.
La situación de Martínez es un reflejo de la creciente persecución que enfrentan activistas y opositores en Venezuela. Tras la denuncia de fraude electoral en las elecciones de julio, en las que el gobierno proclamó la victoria de Nicolás Maduro, la oposición liderada por María Corina Machado difundió más del 80% de las actas para evidenciar la manipulación de los resultados, lo cual desató una oleada de represión.
Desde ese momento, las fuerzas de seguridad del régimen iniciaron la llamada Operación “tun-tun”, en la que fuerzas de seguridad irrumpieron en los hogares de los opositores, como Martínez, y los detuvieron de manera arbitraria. Este operativo, que ha generado temor en la población, ha sido parte de la estrategia del gobierno para frenar la protesta y la denuncia.
Familiares de los presos políticos han realizado manifestaciones y vigilias, buscando visibilizar las deplorables condiciones en las que se encuentran los detenidos, quienes carecen de acceso a alimentos adecuados y agua potable, y están obligados a convivir con presos comunes. La respuesta del gobierno ha sido descalificar estas denuncias y tachar de “terroristas” a los detenidos.
El gobierno ha respondido a estas acciones con críticas, como las expresadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien en su programa de televisión, “Con el mazo dando”, del miércoles 13 de noviembre acusó a la oposición de instigar a los adolescentes a salir a las calles para generar violencia. Cabello sugirió que los familiares de los detenidos deberían dirigir sus quejas hacia estos líderes opositores, reforzando la narrativa oficial de que los presos políticos son “terroristas” y están encarcelados por razones de seguridad.
Recientemente, el fiscal Tarek William Saab afirmó que no existen presos políticos en Venezuela, señalando que los detenidos son presuntos responsables de acciones “terroristas”. Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal sostienen que, desde las protestas poselectorales del 29 de julio, hay más de 1.900 personas arrestadas por motivos políticos en el país.
La muerte de Jesús Manuel Martínez Medina ha puesto en evidencia nuevamente las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan los detenidos en Venezuela. Battistini, al informar sobre su fallecimiento, expresó que Jesús era uno de los tantos venezolanos que padecen bajo la represión, y renovó su llamado a luchar por justicia y libertad en el país.